El Senado de México aprobó en comisiones varias leyes que reglamentarán una controvertida e histórica reforma energética, que busca abrir el sector de los hidrocarburos a la inversión privada y elevar la estancada producción de petróleo y gas del país.
La iniciativa energética forma parte de una amplia agenda de reformas que el Gobierno lanzó con la promesa de apuntalar una economía local que ha tenido un magro crecimiento en los últimos años, incrementar la tasa de empleo, y mejorar el poder adquisitivo de la población.
Y aunque las comisiones del Senados aprobaron el martes la totalidad de los dictámenes de un grueso de la reforma, estos aún deben pasar al pleno de la Cámara Alta para ser sancionados -lo que podría ocurrir esta semana- y posteriormente ir a la consideración de la Cámara de Diputados.
En tanto, la Cámara Baja tiene otro paquete de leyes reglamentarias de energía, que incidirán en los ingresos a las arcas estatales, que en su momento aprobarán y enviarán al Senado.
Los legisladores dieron el visto bueno al medular proyecto de la Ley de Hidrocarburos, que establece la propiedad directa del Estado sobre los hidrocarburos, los tipos de contratos que podrá suscribir México con el sector privado para explotarlos, las normas para licitaciones, lineamientos para los yacimientos transfronterizos y los roles del regulador y otras dependencias.
En momentos en que la producción petrolera mexicana va en declive, el Gobierno asegura que esta ley traerá seguridad energética al país y aumentará las tasas de restitución de reservas de petróleo y gas.
Antes de que fuera votado en comisiones, los senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se retiraron del debate, en protesta contra la reforma, porque aseguran regalará la riqueza petrolera del país a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
