El Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), presentó un documento en el cual critica que las autoridades ignoren “la importancia de la integración de las organizaciones haitianas y dominicanas de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas comunes”.
El texto salió a la luz a raíz del reinicio de las conversaciones iniciadas el 7 de enero de 2014 por parte de las autoridades haitianas y dominicanas y aplazadas varias veces , hasta la tercera reunión binacional realizada en Juan Dolio, República Dominicana, el pasado 10 de julio de 2014.
Quienes representan a dichas organizaciones argumentan estar convencidos de que “los actores de la sociedad civil de ambos países, en especial los que trabajan con los migrantes, deben ser parte de las conversaciones si realmente se quiere llegar a acuerdos favorables para el desarrollo de relaciones armoniosas entre los dos pueblos”.
Para el Grupo, ambos países están dando prioridad a otras cuestiones y soslayan puntos álgidos en los cuales deben profundizar más, dicen, a fin de canalizar las discusiones sobre los sensibles temas de la migración, intercambios comerciales, la seguridad fronteriza y el medio ambiente.
En realidad y más allá del acierto o no de estas aseveraciones, sería conveniente que la Comisión Mixta Bilateral en las relaciones haitiano-dominicanas, tenga en cuenta, no solo las observaciones del GARR, si no todo cuanto pueda enriquecer y esclarecer este peliagudo y debatido sendero de las legalizaciones de documentos a haitianos radicados en República Dominicana. Sobre todo porque se habla de lo que deben hacer los de acá y también la importancia de que cumplan los de allá.
