La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), rechazó este miércoles los traslados arbitrarios realizados por el Consejo del Poder Judicial de las magistradas Elka Reyes Olivo y Rosanna Vásquez Febrillet, juezas del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, respectivamente, los cuales calificó de sospechosos.
Reyes Olivo fue transferida a la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santo Domingo; mientras que Vásquez Febrillet pasó a la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.
Para la organización que aboga por la transparencia resulta suspicaz que ambos traslados involucren a dos integrantes del primer gremio que agrupa a los jueces del Poder Judicial y que no se le haya consultado como suele ocurrir en otros casos de traslado.
La entidad precisa que las afectadas fueron notificadas el pasado 28 de julio, a través de una comunicación, en donde no se hizo constar los motivos que dieron lugar a la medida, violentando así los principios constitucionales de inamovilidad y permanencia en el cargo, propios del Estatuto de la Magistratura Judicial.
En tal sentido, Adocco señala que con esa disposición el Consejo del Poder Judicial procura reprimir a las juezas, por el hecho de pertenecer al gremio, lacerando con ello la libertad de asociación, por lo que recordó a los consejeros que el artículo 151 de la Constitución de la República consagra lo siguiente: “Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”.
