La empresa minera Falconbridge Dominicana está facultada legalmente para explotar a Loma Miranda, de acuerdo a lo establecido en su contrato con el Estado dominicano, firmado en 1969.
Así lo explicó este jueves el director general de Minería, Alexander Medina, quien dijo que ese contrato posee una duración de 75 años, pero aclaró que no tiene tiempo determinado porque fue otorgado antes de crear la Ley de Minas, promulgada en 1971.
Al comparecer en el programa El Día, por Telesistema canal 11, Medina abundó que Falcondo tiene una concesión de explotación de Loma Miranda, pero que moralmente no puede intervenirla, ya que requiere un permiso ambiental, el cual es ponderado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero adujo que de acuerdo al contrato no lo necesita.
Explicó que la empresa minera posee una concesión que va desde el municipio de Maimón hasta Jarabacoa, siendo esta la autorización más grande del país, con una extensión de 35 mil hectáreas.
El director general de Minería señaló que Falcondo posee un permiso de explotación desde 1956, el cual fue refrendado por el Congreso Nacional en 1963.
El funcionario sostuvo que Falcondo y todas las empresas mineras se rigen por la legislación vigente, la cual exige un permiso ambiental, y que en el caso de Falcondo, esta lo ha solicitado a Medio Ambiente, entidad que lo ha negado por considerar que su propuesta de estudio de impacto no es satisfactoria.
Comentó que el contrato de Falcondo es anterior a la Ley de Medio Ambiente, que data del año 2000, mientras que el permiso de explotación en términos de derechos mineros fue refrendado en 1969, y luego en 1988 se revisaron las cláusulas relacionadas con los acuerdos impositivos, lo cual fue repasado de nuevo en 1994.
Precisó que Falcondo tiene un derecho minero sobre Loma Miranda, puesto que de acuerdo a la Ley de Minas, cuando una entidad descubre un yacimiento tiene derecho a su beneficio y que en este sentido gastó dinero perforando, delimitó los terrenos y determinó que había 20 millones de toneladas de mineral. También compró el derecho superficial a los dueños, por lo que es propietaria de parte del subsuelo, siempre de acuerdo a su concesión minera.
Entre los acuerdos con el Estado está, además, el relacionado a la captación de los impuestos, que rigen la manera de cómo Falcondo va a tributar al Gobierno, en cuyo caso es la asociación más beneficiosa para el país en relación con el porcentaje que recibe.
Según los acuerdos con la minera, el Estado dominicano es dueño del 50% de todas las ganancias y del 10% de las acciones de la otra mitad, lo que significa que posee el 55% del total de las entradas de Falcondo.
