La mayoría de los venezolanos apoya ley contra comercio informal

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Caracas.- El 78 por ciento de los venezolanos apoya el decreto oficial vigente desde el 25 de octubre pasado que prohíbe la venta de productos de primera necesidad en el mercado informal, según una encuesta divulgada  aquí.
 
Sólo el 20 por ciento de los consultados en la muestra de la encuestadora Hinterlaces expresó desacuerdo contra esta medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro, reveló el exvicepresidente José Vicente Rangel en su programa televisivo dominical.
 
El 90 por ciento de los consultados en el estudio (mil 200 entrevistas indirectas en todo el país), aprueba también la medida de que todos los productos deberán tener impresos sus precios de venta justos, troquelados en su envase o embalaje de manera visible, reveló el espacio José Vicente al Día.
 
La decisión oficial del 25 de octubre, incluida en una reforma a la Ley Orgánica de Precios Justos, especifica que productos alimenticios, de higiene personal, de salud, educación, vivienda y rubros de aluminio, hierro, acero, cartón y papel no podrán ser vendidos a través del comercio informal, ambulante o eventual.
 
Respecto a los calzados y textiles, el precio tiene que estar impreso en las etiquetas de forma indeleble, según la disposición oficial.
 
La encuesta divulgada por Rangel destaca la creación de una comisión presidencial para la transformación de los cuerpos policiales y para revisar la marcha de proyectos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otras instituciones.
 
El citado decreto prevé sanciones para quienes violen esta prohibición, a través de la Superintendencia de Precios Justos, que instruye la aplicación de los procedimientos y resguarda el debido proceso y defensa del presunto infractor, pero también garantiza la protección de los derechos del pueblo.
 
La disposición legal instruye a las autoridades militares y policiales implementar de inmediato los planes de inspección, verificación y reguardo que estimen necesario en establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el territorio nacional para evitar las ventas ilegales.