La Colectiva Mujer y Salud y otras organizaciones de mujeres en el país han firmado un documento, a fin de llamar la atención de la ciudadanía “sobre el retroceso que significaría en la lucha mundial contra la violencia hacia las mujeres, la aprobación del proyecto de resolución sometido por el diputado Víctor Gómez Casanova, que solicita a la Organización de las Naciones Unidas(ONU], modificar la Resolución No. 54/134 del 7 de Febrero del año 2000, que declara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para que en lo adelante se exprese como Día Internacional del Valor de la Mujer”.
En realidad, aunque las fechas no sintetizan lo que conmemoran absolutamente, si representan un paso hacia la reflexión y sensibilización, en este caso de un tema tan vulnerable para la sociedad dominicana como es la violencia contra la mujer, que cada día arranca nuevas vidas y deja tantos hogares en el luto de sus hijos e hijas huérfanos y traumatizados.
La ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, se ha referido al preocupante número de mujeres muertas a manos de sus pareja y ha asegurado que todo indica que 2014 termine con cifras similares a las del 2013, donde los casos lamentables llegaron a alcanzar la cifra de 160.
Las 500 mujeres rescatadas por esa entidad, de una muerte segura, y la exigua cantidad de casas de acogida, no han concluido lo que se denomina con razón “tragedia nacional”.
Tampoco puede obviarse ese 20% de las adolescentes del país que son madres o han estado embarazadas alguna vez, y una de cuyas cinco muertes maternas corresponde a una joven menor de 20 años”, tal y como lo afirmó la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quien se refirió con pesar a ese riesgo que corren las mujeres menores de 16 años de morir durante el embarazo, parto y post parto, cuatro veces mayor que en las mayores de 20 años.
Definitivamente, tal y como plantean las organizaciones feministas y en defensa de la mujer dominicana, ese día simboliza un reconocimiento de “que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer” y “es de preocupación que frente a la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, se pretenda ocultar esa realidad, en vez de orientar los esfuerzos a mejorar el ámbito normativo mediante la aprobación de Ley Orgánica Integral que cursa en el Congreso, o en demandar políticas públicas para una efectiva respuesta nacional frente a dicho flagelo”.
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