Un juez federal en el estado de Texas, en EE.UU., decidió suspender temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama el pasado noviembre, que evitaría la deportación de millones de inmigrantes indocumentados que entraron al país ilegalmente.
De esta manera, el tira y afloja de los últimos meses entre Obama y los republicanos, que sostienen que la acción ejecutiva del mandatario es inconstitucional, alcanza un nuevo clímax.
El fallo contra las medidas de Obama, anunciadas el pasado 20 de noviembre, se produce la misma semana en que el gobierno estadounidense iba a comenzar a procesar las solicitudes de algunos de los inmigrantes indocumentados beneficiados por los cambios, que podían evitar ser deportados al menos durante tres años y que iban a recibir recibir permisos de trabajo.
La decisión del juez federal también afecta a un programa que debe entrar en funcionamiento esta primavera boreal para padres indocumentados con hijos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Según algunos cálculos, las medidas de Obama podrían llegar a beneficiar a cinco millones de personas.
Contraria a la Constitución
Con su resolución de este lunes, el juez Andrew S. Hanen indica que considera que hay posibilidades de que al final decida que la acción ejecutiva de Obama es inconstitucional, con lo que fallaría a favor de los 26 estados que han demandado desde Noviembre al gobierno de manera conjunta.
El periodista de BBC Mundo Jaime González destaca desde Los Ángeles que el hecho de que el juez que ha dictado la suspensión se encuentre en Texas no es casual, ya que ha sido ese estado fronterizo el que ha liderado la oposición a la acción ejecutiva del presidente de EE.UU.
Además, el juez Hanen, quien fue nombrado en su puesto en 2002 por el presidente George W. Bush, ha atacado públicamente la acción de ejecutiva de Obama, asegurando ¨que pone en peligro a EE.UU.¨.
En todo caso, la suspensión ordenada por el juez favorece sólo a 26 estados que demandaron al gobierno de Obama.
Según explica el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, la decisión del juez deja poco margen de maniobra inmediato al gobierno, al tener lugar apenas dos días antes de la apertura de las solicitudes de los inmmigrantes.
Sin embargo, es importante destacar que se trata de una medida cautelar y se espera una apelación del gobierno federal.
Obama ya ha advertido que luchará contra cualquier ley o medida judicial que bloquee las leyes o acciones ejecutivas aprobadas durante su presidencia en temas de inmigración, salud y regulación financiera.
Una dura batalla
La Casa Blanca sostiene que forma parte de las atribuciones del presidente de EE.UU. decidir cómo aplicar las leyes migratorias.
Pero los 26 estados que han demandado a la administración creen que el mandatario se ha extralimitado en sus funciones y aseguran que los costes de implementar las medidas supondrían una carga excesiva para sus ajustados presupuestos.
Según recuerda el diario New York Times, a la oposición a las reformas también se sumaron con una declaración de carácter legal 65 miembros de la Cámara de Representantes y tres de senadores, todos ellos republicanos, que querían mostrar su apoyo a los estados demandantes.
El diario estadounidense señala que algunos expertos en leyes creen que cuando el gobierno apele, es posible que la resolución del juez Hanen sea anulada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans, en virtud de la supremacía federal en cuestiones migratorias.
Los estados demandantes alegan que Barack Obama dijo en varias ocasiones que no tiene potestad para alterar las leyes sobre inmigración.
El presidente estadounidense ha recibido el apoyo de una docena de estados, así como de los gobiernos de grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles, que sostienen que la regularización de los indocumentados les permitirá aumentar sus ingresos gracias a los impuestos que pagarán estos nuevos residentes.
En los últimos días ha flotado en el ambiente la posibilidad del cierre del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) por el fin de su actual presupuesto sin que se haya aprobado uno nuevo.
En la ley que debería liberar los fondos para el DHS para los próximos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron medidas para desactivar la acción migratoria de Obama.
Mientras, los senadores demócratas se niegan a aceptar la inclusión de esas cláusulas en la legislación, acusando a los conservadores de poner en peligro la seguridad nacional con el potencial cierre temporal del departamento.
El presidente del Congreso estadounidense, el republicano John Boehner, ha asegurado que si el cierre se produce, será culpa del partido de Obama.
En los dos últimos años Boehner ha estado al frente de la oposición conservadora a la reforma migratoria que había solictado Obama al Congreso de su país, mostrándose partidario de cambios puntuales de las leyes que poco tienen que ver con el proyecto de reforma aprobada por el Senado de EE.UU. con apoyo de demócratas y republicanos hace año y medio.
Juez federal suspende medida migratoria de Obama
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