Piden responsabilidad legisladores embarazo malformaciones

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Un documento emitido por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), llama a las autoridades de Salud y a legisladores en el país a actuar con responsabilidad frente a los casos de embarazos con malformaciones congénitas.
 
El texto amplía su consideración acerca de la inaceptable situación de dolor, angustia y tensión  de la mujer embarazada que solicita ayuda para realizar un aborto, aun si está en riesgo su salud emocional por las condiciones en que se encuentra el feto.
 
“Esta es una situación que pone en evidencia la necesidad de que el Congreso Nacional proceda a aprobar la ley que operativice la interrupción del embarazo por malformaciones congénitas, porque casos como este ponen en riesgo la vida de mujeres ante la ausencia de un instrumento legal que les permita resolver su situación en condiciones seguras”, relata Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-Intec.
 
Contreras argumenta que este es el problema frente al cual no se tiene que colocar a las y los profesionales del sector salud, “por lo que es urgente la elaboración de la ley especial que ordena la Ley 550-14 sobre el nuevo Código Penal”, explica.
 
El 20 de diciembre de 2014, la prensa nacional se hizo eco de la promulgación del Código Penal, con determinadas observaciones efectuadas por el Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina expuestas en el Código Penal en los artículos 107, 108, 109 y 110, referidas al aborto terapéutico, que 93 diputados de los 174 presentes aprobaron; 69 votaron en contra y 12 se abstuvieron.
 
De esa manera se contemplaron tres excepciones para garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y del personal que brinda asistencia médica: 1) En caso de peligro de la vida de la madre; 2) en caso de violación o incesto; 3) en caso de malformación del feto incompatible con la vida.
 
También se añadió en la legislación lo concerniente a las muertes por violencia doméstica, las cuales serán castigadas con penas de hasta 40 años y el secuestro, con condenas de 20 a 30 años de reclusión.
 
Exhortan
El CEG-Intec exhortó a las autoridades del sector salud a asumir la responsabilidad de propiciar las condiciones para la elaboración de la normativa que permitirá  la estandarización de los procedimientos de atención integral de la mujer, en lo que respecta a  la interrupción del embarazo por indicación médica.
 
“Hoy tenemos necesidad de hacer referencia al grave problema que sigue significando la mortalidad materna en nuestro país, y a cómo la falta de una normativa clara en este orden ha sido causa de muchas muertes;  de ahí la importancia en la precisión del protocolo y la aprobación de una ley  especial  que puedan ser implementados aquí”, comentó Lourdes Contreras.
 
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La directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud,  Sergia Galván,  opinó al respecto  que “no es que el aborto haya sido legalizado, ni despenalizado en su totalidad, si no que con esas observaciones del presidente Medina se dejan claros los casos en que no va a ser punible el aborto.
 
“Donde el médico ni las mujeres irán presos por realizar ese procedimiento; o sea, cuando corre peligro la vida de la madre por un embarazo fruto de una violación o  incesto (que afecta la salud moral, integridad física y psíquica), o cuando hay malformaciones que son incompatibles con la vida, no cualquier anomalía. Si no tiene cerebro la criatura, es encefálica, a las pocas horas de nacer va a morir, eso es incompatible con la vida. Esos son los casos que el presidente entiende que hay que valorar”, expresó Galván  y subrayó que todas las personas tienen derecho a garantizar su vida, “¿por qué entonces la mujer cuando un embarazo la va a matar hay que dejarla que pierda la vida, cuando esto es un acto cruel, inhumano y degradante?
 
“Reflexionar sobre el Código es muy necesario e implica hacer frente a un problema ante el cual la nación  lleva muchos años intentando buscar una respuesta. El Código tiene 130 años y está de espaldas a la realidad”, concluyó Galván.
 
Lourdes Contreras llamó a las y los legisladores a conocer  el proyecto de  ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y el que crea un sistema integral de atención a la violencia contra las mujeres, ambos bajo estudio del Congreso Nacional desde hace varios años.
 
El  20% de las muertes maternas en República Dominicana son adolescentes y con el objetivo de reducir esta tasa, el Instituto Nacional de Salud (Insalud) presentó el 4 de marzo el Observatorio de Mortalidad Materna, publicado por este multimedios DominicanosHoy, donde Giselle Scanlon directora ejecutiva de dicha institución  lo califica como “un espacio ciudadano, autónomo, interinstitucional e intersectorial, con el propósito de establecer la participación y el diálogo entre la sociedad civil, medios de comunicación, academia, agencias de cooperación y el Estado, para dar seguimiento a las iniciativas y prioridades de políticas públicas e incidir en la reducción de la mortalidad materna”, dijo.
 
Análisis y debates prosiguen… organizaciones feministas, junto a hombres y mujeres sensibilizados con el tema, opinan que aún queda mucho por hacer, sobre todo si se tiene en cuenta que por cada 100,000 nacidos vivos, 150 mujeres mueren en República Dominicana, cifra que coloca al país en el cuarto lugar con la mayor tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe.