Unos someten los hechos por corrupción y otros los archivan, no actúan. Algunos terceros callan, lo que significa que otorgan.
El Ministerio Público apeló las sentencias de “No Ha Lugar” que los tribunales dictaminaron en favor del senador Félix Bautista y el alcalde San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, acusados de corrupción administrativa y lavado de activos.
Los documentos de apelación se depositan y la sociedad reclama que la justicia brille con luz propia y no sea opacada por argumentos que no sustentan la realidad.
Los religiosos se preocupan; los empresarios se inquietan y multitudes claman por el nivel de descrédito en que está cayendo el Poder Judicial. Crisis de confianza acompaña los debates en torno al curso que han seguido los procesos judiciales por corrupción administrativa en los que están envueltos funcionarios.
La ciudadanía cuestiona a uno de los pilares de la democracia, y es obvio que no solo debilita uno de los poderes del Estado, sino la estabilidad íntegra de la sociedad dominicana. La corrupción impacta como delito social, pero otros linderos se estremecen y destruyen desde adentro y ya se ve por fuera, como enfermedad visible.
