Centros adolescentes conflicto con Ley requieren más presupuesto

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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“Encontrarme conmigo mismo, enfrentar la realidad y hallar sentido a mi vida” es la frase que cada día deben repetir los internos de los  centros de Atención Integral para Adolescentes  en Conflicto con la Ley, como parte de su nueva filosofía de vida.
 
Estos correccionales reciben a menores  con medida cautelar de privación de libertad, dictada por los Tribunales  de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto para sexo femenino y masculino, con el fin de reformarlos y brindarles un lugar apropiado para purgar su condena.
 
En el país existen aproximadamente 9  reformatorios, ubicados en Santiago, San Francisco de Macorís,  La Vega, Cristo Rey, Villa Consuelo, Najayo, en San Cristóbal, Manoguayabo,  la Ciudad del Niño, uno en el Este y en el Distrito Nacional, todos funcionan bajo la supervisión de la Procuraduría   General de la República.
 
 
Actualmente,  hay un  total  de 495 internos, en edades de 13 a 17 años, quienes provienen de distintas partes del territorio nacional. La mayor causa de privación de libertad es por  robo agravado, homicidio, drogas y violaciones sexuales.
 
La mayoría de los  adolescentes  proviene de hogares disfuncionales, sumergidos en la marginalidad social y económica,  casi siempre víctimas de rechazo y abuso físico por parte de sus tutores.
 
En ese sentido, el director nacional de dichos centros, Carlos Guerrero, explica que muchos de los menores fueron procreados cuando sus padres eran adolescentes, por lo que   el mayor tiempo lo pasaban sin ningún tipo de supervisión. Esta situación  les llevó a la deserción escolar, a iniciarse en el  microtráfico, robos, entre otras actividades delictivas.
 
Sostuvo Guerrero que lo primero que hace el reformatorio es trabajar las causas que generaron el hecho delictivo, con el propósito de  que armonicen con sus padres,  en caso de que haya algún problema en su relación, después  sigue  la parte conductual y sus patologías, para lo cual cuentan con psicólogos y psiquiatras.
 
Indica que los jóvenes pueden seguir estudiando en el grado que desertaron, el cual será válido en el sistema educativo nacional, además de aprender un oficio en los talleres de enseñanza ocupacional, a fin de que a la hora de su libertad tengan herramientas para conseguir un empleo.
 
Presupuesto
 
Carlos Guerrero, quien lleva dos años como director nacional, comenta que los centros, al ser una dependencia de la Procuraduría General de la República, solo reciben una pequeña porción, ya que el  presupuesto de esa  instancia judicial es muy limitado para atender las demandas del Ministerio Público y el Sistema Penitenciario.
 
Sin embargo, aclaró que por mandato de la ley debería tener autonomía presupuestaria, pero en la práctica no es así. Por lo que cuentan con la intención y el deseo, mas no con los recursos que harían posibles ofrecer un mejor servicio.
 
“Si la sociedad diera importancia a este trabajo, se preocupara por hacer una gran inversión como medida preventiva. Hoy día casi todos los sistemas del mundo  han entendido que la mejor prevención no es la represión, sino el tratamiento, entonces, vamos a tomar cartas en el asunto para que esto no suceda”, manifestó el jurista.
 
Destacó que los menores infractores no son rechazables ni descartables y aunque hay estigmas sociales  que  los colocan como lo peor de la sociedad  por su crimen; sin embargo, son más reformables que los adultos, por lo que ellos son los que merecen ayuda, ya que solos no podrán lograrlo.