“Derechos reproductivos son derechos humanos”

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Con palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-Moon, en defensa de los derechos de la mujer, “que son derechos humanos”, Catalina Martínez Coral, gerente regional para América Latina y el Caribe, del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), y Sergia Galván, directora ejecutiva  de Colectiva Mujer y Salud, ofrecieron este viernes el taller  “Abordaje de la interrupción legal del embarazo en el nuevo Código Penal de la República Dominicana”, en la Casa de Naciones Unidas, en esta capital.
 
Con la presencia de periodistas de diferentes medios de comunicación, especialistas y personalidades vinculadas al tema, las oradoras explicaron con profundidad lo relacionado a la interrupción legal del embarazo en la República Dominicana, los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones estatales para garantizar el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo bajo circunstancias específicas.
 
Catalina Martínez se refirió a los derechos de las mujeres y protecciones prenatales en el derecho internacional de los derechos humanos; en tanto que Sergia Galván realizó un recorrido histórico por el centenario Código Penal dominicano, nacido en 1884, al cual le urgen reformas, dijo.
 
Galván recordó que la Coalición por los derechos y vida de la Mujer, representada por 11 organizaciones no gubernamentales, ha señalado que si el Tribunal Constitucional (TC), quien se reservó el fallo de las tres acciones de inconstitucionalidad sobre los artículos 107,108,109 y 110 de la Ley 550-14 que establece el Código Penal de la República Dominicana, referente al aborto y derechos de concepción de la mujer, declara inconstitucional las excepciones al aborto, estaría haciendo retroceder al país y violentando los derechos protegidos en la Constitución, en lo que respecta a la vida, salud, integridad humana, intimidad, a la libertad, igualdad y la no discriminación.
 
Se recordó que Fundación Justicia y Transparencia (FTJ), presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre los artículos 107,109 y 110 de la ley 550-14, que establece el Código Penal; e  igual lo hizo la Fundación Transparencia y Democracia.
Otra entidad que hizo constar recurso ante el Tribunal Constitucional fue la Fundación Matrimonio Feliz, especialmente a los artículos 107, en cuanto a la expresión: “salvo lo dispuesto en el artículo 110”, citado en dicho código.
 
Martínez Coral, quien ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas agencias de Naciones Unidas, insistió en la necesidad de impulsar cambios y políticas públicas, porque “los derechos reproductivos son derechos humanos”, subrayó.
 
Señaló, además, la gerente regional para América Latina y el Caribe, del CDR, que “para promover el legítimo interés por la vida en gestación existen diversas medidas que un Estado puede adoptar sin vulnerar los derechos fundamentales de la mujer”.
 
Finalmente se hizo alusión a la carta remitida al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara, firmada, junto a Galván y Martínez, por Mónica Arango Olaya, directora para América Latina y el Caribe, del CDR y Ana María Palacios, abogada becaria para América Latina del CDR, en cuyo contenido se explican en detalle los elementos que intentan demostrar  que la prohibición total del aborto genera un marco de discriminación  y desigualdad de género en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
 
“Su penalización  absoluta además de violar su derecho a la vida y a la salud y a su derecho a decidir… también vulnera el derecho de las mujeres a la autonomía, a la privacidad, a la seguridad, a la confidencialidad”, apunta la misiva en sus conclusiones.