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Legislador peruano insta debate sobre propiedad recursos naturales

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Lima.- El congresista peruano Juan Carlos Eguren planteó este domingo la necesidad de debatir en el país sobre la viabilidad de una reforma constitucional al sistema de propiedad de los recursos naturales ubicados en el subsuelo.
 
En declaraciones a la agencia nacional de noticias Andina, Eguren sostuvo que dicha reforma debería contemplar la posesión de los recursos naturales por parte de los propietarios del territorio en que fueron hallados.
 
Ello contribuiría, según opinó, a prevenir los conflictos sociales que se producen cuando las poblaciones autóctonas o asentadas en el área de influencia de proyectos extractivos no aprueban la explotación de lo que consideran sus recursos o no se sienten retribuidos.
 
El artículo 66 de la Constitución peruana establece que los recursos naturales renovables y no renovables constituyen patrimonio de la nación y el Estado, quien establece las políticas para su aprovechamiento.
 
En opinión de Eguren, la realidad muestra la necesidad de medicaciones al referido artículo de la carta magna, además de otras leyes reguladoras de la materia.
 
El esquema vigente genera problemas como una inadecuada distribución de las ganancias y demoras en la ejecución de proyectos de exploración y explotación de los recursos, argumentó el congresita, quien además opinó que el tema debería ser parte de un debate amplio en el contexto de las elecciones generales del venidero año.
 
Recientes conflictos de la nación andina están matizados por la oposición, bajo reclamos ecológicos, de movimientos sociales a proyectos mineros.
 
Ejemplo de ello fueron las protestas contra los proyectos Conga Y Tía María, en las regiones de Cajamarca y Arequipa respectivamente.
 
En ese sentido Eguren consideró que con un eventual cambio de política en la propiedad y gestión de los recursos las comunidades no se opondrían a los proyectos.
 
Serían dueños directos y trabajarían de manera articulada con los inversores en la explotación, lo que permitiría que el Estado deje de ser el impulsor de inversiones y proyectos de esa clase para convertirse en el garante del respeto y cuidado al medio ambiente, explicó.
 
De esta forma, según concluyó su análisis el político, los conflictos sociales se reducirían. Las comunidades nativas sentirían beneficios directos de las actividades de extracción y apostarían por la promoción de proyectos e inversiones de este tipo.

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