La Ley de Alianza Público-Privada (APP) se convirtió en un tema que enfrenta a las dos instancias del Congreso paraguayo tras rechazar la Cámara de Diputados las modificaciones introducidas en el Senado.
El gobierno utilizó su mayoría en la Cámara Baja para modificar el acuerdo senatorial que devolvía al Congreso la facultad de aprobar las concesiones otorgadas a la empresa privada nacional y extranjera para sus inversiones, así como sectores y facilidades con las cuales operarían.
La decisión de los diputados va al encuentro del interés del Poder Ejecutivo y especialmente del presidente de la República, Horacio Cartes, por mantener ese poder de decisión otorgado por el texto original de la controvertida ley privatizadora.
El debate se desarrolló mientras organizaciones políticas y sociales agrupadas en el Congreso Democrático del Pueblo, herramienta unitaria opositora, pedían la derogación de la APP ante la sede del Congreso y cortaron el tránsito en carreteras del interior del país.
El éxito logrado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados se convierte en transitorio porque, de acuerdo a la reglamentación parlamentaria, el proyecto de ley vuelve ahora al Senado donde se necesitarán 34 votos para aprobarlo nuevamente, algo que parece posible.
Terminada esa ratificación habrá otra prueba de fuerza en la Cámara de Diputados donde serán indispensables 54 votos, o sea las dos terceras partes de sus miembros, para imponer nuevamente su criterio.
Conseguir ese número de diputados será un reto para el gobierno, pues tendrá que apelar a los sufragios no sólo de su bancada, sino la de todos sus partidos aliados y la mayor parte de los diputados supuestamente opositores del Partido Liberal, algo conseguido en la votación de ayer.
Esa realidad permite avizorar en los días inmediatos la continuación del candente debate político sobre la ley señalada por las organizaciones populares opositoras como entreguista de las empresas estatales a capitales privados y especialmente a firmas foráneas.
