El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y el Grupo Acción Cristiana RD manifestaron su total rechazo al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que se piensa reintroducir en el Congreso este martes, por ser inconstitucional y porque pretende convertir al Estado en el promotor del inicio temprano de las relaciones sexuales por parte de la niñez y la adolescencia e impone la enseñanza de la diversidad sexual y el erotismo en el currículo de la enseñanza.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresó que el proyecto promueve la cultura de la muerte, porque garantiza el aborto en niños niñas y adolescentes y limita la información del mismo a los padres sólo en caso de emergencia. El proyecto fue de la autoría de los diputados Cristian Paredes (MODA) y Hugo Núñez (PRD).
“El proyecto será conocido en el hemiciclo en la sesión del martes 14 julio, cuenta con informes favorables de las Comisiones de Equidad de Género, Salud y Ministerio Público, sin embargo, no fue conocido por la comisión de educación de la cámara de diputados, ni fueron convocadas vistas públicas”, expresó Lorenzo Merán.
Dijo que dicho proyecto de ley es contrario a la Constitución de la República y porque además de promover la legalización del aborto, también promueve una educación sexual contraria a los valores cristianos y de la sociedad cristiana en general.
Señaló por ejemplo el artículo10 de dicho proyecto de ley que impone a un currículo de enseñanza de la educación sexual totalmente inaceptable como introducir el placer y el erotismo, la diversidad y los derechos humanos tergiversados vinculados al ejercicio de la sexualidad.
De su parte, José Alberto Ortiz, vocero del Grupo Acción Cristiana dijo que una discusión que culminó en diciembre con la promulgación del Código Penal y que está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional no puede ser retomada, violando los principios de la democracia participativa”.
Criticó que el proyecto recorriera tres comisiones de la Cámara de Diputados y que ninguna de ellas convocara a vistas públicas para escuchar el parecer de la ciudadanía con relación a la pieza.
“Una ley que permite abortar a niñas y adolescentes sin informarle a sus padres debió ser presentada a la ciudadanía para que se expresara”, citó Ortiz. “Asimismo, una ley que elimina la objeción de conciencia de médicos y enfermeras que se nieguen a practicar abortos debió ser sometida a la opinión del pueblo, si es que nuestros representantes entienden que vivimos en una democracia”.
