Las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2016 están más cercanas de lo que pueda pensarse y “asegurar los mayores niveles de orden, transparencia e institucionalidad”, constituye aspecto fundamental de la ley de Partidos, entre las piezas pendientes a ser aprobadas, como instrumento que disponga la regulación de los procesos más sensibles en las estructuras partidarias y que defina hasta dónde la Junta Central Electoral puede disponer “de las herramientas que requiere organizar adecuadamente el sistema”.
La sociedad civil, académicos y expertos internacionales entienden la necesidad de impulsar dicha aprobación de esta la ley de partidos “llamada a regular los diversos aspectos de la vida institucional de los actores fundamentales del sistema democrático” y postergado desde hace lustros.
Si se habla de “garantizar los mecanismos institucionales de supervisión y transparencia correspondientes”, para que el sistema político representativo garantice lo planteado por la Constitución, debe comprenderse por qué la iniciativa debe consumarse.
Los tranques que han significado las divisiones internas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y que cada quien entregue un proyecto diferente; unido esto a las disímiles propuestas de los partidos minoritarios- que obviamente, también cuentan-, y ese concepto de que cada organización política quiere que la Ley rija a su manera, ha resultado coyuntural en esta dilatación que, a fin de cuentas, retrasa la necesaria transparencia, esa que la población espera, y que tiene que ver con el reflejo claro y pertinente de dónde vienen los dineros de las campañas, o sea la declaración de los fondos y todo lo demás, incluyendo el prestigio político en el país y como tanto se reitera, la consolidación de la constitucionalidad.
Entre los pendientes…
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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