El director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA), Álvaro Caamaño Díaz, consideró un contrasentido, conflicto ético y de intereses, que los notarios den fe a un documento y sean responsables de su cumplimiento, sin que intervenga ninguna entidad estatal para garantizar los derechos fundamentales.
“En materia de garantías de derechos vulnerados y a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mala práctica del notario podría inclusive generar conflictos internacionales donde se vea comprometido el Estado, siendo pasible de condenas”, dijo Caamaño Díaz.
Sostuvo que la efectiva tutela judicial es un derecho fundamental de toda persona que debe ser garantizado por el Estado, obligación que no puede ser privatizada ni delegada a persona alguna.
Indicó que las funciones del alguacil como funcionario público del Poder Judicial no pueden ser delegadas ni suplantadas a ningún actor fuera de la justicia porque esa ley sería contraria a la Constitución.
