El aumento de las solicitudes de vigilancia electrónica por parte del Gobierno en México despierta preocupaciones sobre la falta de supervisión a las autoridades, en un país plagado de corrupción y de colusión entre funcionarios y grupos criminales.
El año pasado, los operadores de telefonía móvil registraron más de 55,000 solicitudes de las autoridades para obtener información sobre llamadas de ciudadanos, sus mensajes y datos de localización, casi un 25 por ciento más que en el 2013, según cifras de la industria obtenidas por Reuters.
El Gobierno mexicano ha estado envuelto durante una década en una guerra contra los cárteles de la droga y ha utilizado vigilancia para luchar contra sus operaciones de tráfico, extorsión y secuestro.
Sin embargo, la corrupción es un problema cotidiano en el país. A las empresas de telefonía y a los activistas de privacidad les preocupa que el sistema esté plagado de huecos, y una flamante pero ambigua ley de telecomunicaciones enfrenta el riesgo de dar a la gente equivocada el derecho a pedir información personal.
«No hay control de quiénes pueden pedirlo realmente», dijo Fernando Belaunzarán, un candidato a dirigir al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). «Hay corrupción. Y además están infiltrados los policías por el crimen organizado (…) ¿En manos de quien está esta información?», agregó.
La filtración de documentos de Edward Snowden, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el 2013, reanimó el debate sobre la vigilancia a nivel mundial y, en particular, en torno a cuánto poder debe tener el Gobierno para espiar a sus ciudadanos y la forma en que deben rendir cuentas.
El presidente Enrique Peña Nieto ha descrito a la corrupción como un problema cultural en México y la fuga de una prisión de alta seguridad del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán en julio puso de relieve el problema de funcionarios coludidos con grandes jefes del crimen organizado.
Funcionarios del sistema penitenciario y miembros de la agencia mexicana de inteligencia han sido acusados de la fuga.
