Casos recientes de corrupción en la administración de Danilo Medina, como el escándalo en la Oficina Supervisoras de Obras del Estado (Oisoe), el arresto del diplomático dominicano en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, y las reiteradas quejas por la tardanza en entrega de solares para la construcción de escuelas, mantiene en caída la popularidad del Presidente de la República.
Si bien es cierto que Danilo Medina es considerado el gobernante más exitoso de las últimas décadas, según dicen las encuestas, su fama empieza a tambalear debido a los últimos hechos de corrupción puestos al descubierto, que empañan su actual gestión.
En opinión de expertos en temas políticos, la buena valoración del presidente Medina ha ido en picada y cuesta abajo, escenario que de acuerdo a los versados se atribuye principalmente a la trágica muerte del arquitecto David Rodríguez García, en la sede central de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), pues puso en evidencia la precariedad en que vive la denominada clase media dominicana y confirma la descomposición social que aún persiste pese a los esfuerzos por eliminarla.
“Los grandes fracasos del Gobierno en seguridad ciudadana, producción agropecuaria, el alto costo de la vida, apagones, desempleo, salarios de miseria, crisis del sistema de salud y escándalos de corrupción, han acentuado la caída electoral del presidente Danilo Medina”, afirmó el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.
Opiniones
El politólogo Rafael Toribio, al referirse al particular, plantea que en estos momentos la imagen el gobierno y del mandatario están en dificultades, a lo que se agregan los problemas internos por las luchas grupales dentro del PLD.
Para el especializado, están atacando con mucha fuerza los proyectos emblemáticos del Presidente, y eso definitivamente mermará el perfil del Jefe de Estado.
Toribio señaló que quedó demostrado que en la Oisoe había un “modus operandi” tal, que se hace muy difícil presumir que la alta dirección del PLD no estuviera al tanto, puesto que quien coordinaba todas las ejecutorias era el director técnico de esa institución.
Sin embargo, Toribio esboza que pese a lo ocurrido habría que esperar a ver cuánto afectará la intención del voto en las próximas elecciones.
De su lado, Rosario Espinal al abundar sobre el particular manejó la tesis de que “lo grave no es el escándalo en esa entidad, sino que deja al descubierto las múltiples formas de corrupción en el país: malévolas, pervertidoras e inhumanas”, dijo.
Para Espinal, ese órgano no es una institución cualquiera, sino que está adscrita a la Presidencia para servir los propósitos de la Casa de Gobierno: “No es descomposición en Pedernales, Elías Piñas, Dajabón, ni en la cochinchina, es en la cercanía presidencial”.
A juicio de la experimentada esa situación certifica “que la degradación gubernamental dominicana es ancestral y persistente; pues en el sector privado también existe este mal y es porque lo permite y hasta la fomenta el Gobierno. Es muy simple, en sus manos está la ley para permitirla o no”.
Especificó que antes, como ahora, se producen algunos encarcelamientos, pero se dilatan los juicios “y el Gobierno espera que pase el reperpero para seguir igualito. Todo vuelve a la normalidad: el robo, la extorsión, el abuso. Una ciudadanía a la intemperie”, subraya.
De acuerdo a Rosario Espinal ningún presidente dominicano está exento de la culpabilidad que emana de una oficina gubernamental, pues al director de esa cartera lo nombra el jefe de Gobierno y este responde directamente en tal sentido, no hay manera de hacerse el tonto o culpar a otros.
“Pero ojo, en República Dominicana se puede robar a la luz del día y no pasa nada, se puede extorsionar y no pasa nada; siempre y cuando la víctima esté desprotegida y a todo esto, el Gobierno espera que la población esté feliz, que siga adormecida, y crea que en este país se forja una clase media grande y fuerte.
“Pese a lo anterior, el Gobierno sobrevive impune a todos los escándalos por una sencilla aunque grave razón: no existe ninguna fuerza con suficiente poder moral y político para cuestionar legítimamente la corrupción”, concluye la politóloga.
