La descomposición observada en el sistema de justicia dominicano se desprende del pacto político firmado en 2010 entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, denominado acuerdo de las corbatas azules, el cual dio lugar a la creación de las altas cortes, sostuvo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa.
“A partir del pacto de las corbatas azules entre el ingeniero Miguel Vargas y Leonel Fernández, se descompuso el sistema de justicia”, afirmó Subero Isa, al comparecer en el programa El Día, por Telesistema, Canal 11. Agregó que en esa firma participaron muchos de los actuales beneficiarios de esas cortes, como Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional.
Dijo que se hizo un paquete, el cual se ha ido conociendo parte por parte, hasta que ahora el Partido de la Liberación Dominica (PLD) y el PRD están compartiendo candidatura común a nivel presidencial.
Indicó que a su salida del Poder Judicial se había creado una estructura suficientemente sólida para la prevención y la sanción de aquellos jueces que manifestaran actos de inconducta.
Pero hoy en día, con el escándalo desatado en la justicia a partir de la investigación a seis jueces, a solicitud del Ministerio Público, por supuestos actos de corrupción, Subero Isa teme más a la percepción negativa que la población pueda tener de la justicia.
Cree que ha faltado prevención, ya que cuando era presidente del Consejo del Poder Judicial por cualquier ligera sospecha de un juez, era sometido a una investigación.
El descargo del senador Félix Bautista, acusado por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia de corrupción administrativa y lavado de activos, así como otros casos que vinculan a varios alcaldes, ha sido el detonante de la crisis que afecta al sistema judicial, escenario que mueve a sugerir una nueva reforma.
Lo sucedido con el descargo de Bautista y otros seis implicados en el manejo de más de RD$27 mil millones, mientras se desempeñaba como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), desmotivó al procurador Francisco Domínguez Brito a seguir con el proceso, al alegar desconfianza en la justicia, condición por la cual no lo recurrió en casación.
No obstante, al asumir la defensa del accionar del MP frente a los casos de corrupción, recordó que se apropiaron con responsabilidad de los pasados subterfugios del Plan Renove, los invernaderos, la venta de indultos por parte de anteriores autoridades, así como Bahía de las Águilas, la Oisoe, Obras Públicas, Liga Municipal Dominicana y Bienes Nacionales.
Cerrado el expediente de Bautista, Domínguez Brito, al parecer para aplacar las voces que estaban pidiendo que lo apelara, y los que solicitan el cierre de la Oisoe, requirió al Consejo del Poder Judicial investigar a cinco jueces activos y a un exmiembro de ese Poder, por su presunta vinculación a una estructura que supuestamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado.
Según evidencia la estructura estaba dirigida por Francisco Valera Arias, quien renunció al Consejo y se desempeñaba como juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo.
Los otros jueces involucrados son: Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional; Elio Germán Figueroa, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Roso Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de Apelación de esa misma jurisdicción.
De acuerdo a la instancia de Domínguez Brito, la alegada estructura manipulaba procesos y negociaba libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
La tapa al pomo se la puso el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, quien reveló que producto de las investigaciones a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, confesó que recibió dinero por «decisiones favorables». También, que actuó por mandato de superiores.
Al dar a conocer la noticia, Germán admitió, que las publicaciones de actos de corrupción por parte de algunos jueces ha estremecido al país.
Entre los favorecidos por la jueza Reyes Beltré, está el regidor del PRD en el municipio de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, quien está acusado de dirigir una red de sicarios que asesinó a varias personas, entre estos un oficial de la Policía y unos cinco choferes miembros de la Confederación Nacional de Transporte “La Nueva Opción”( Fenatrano). Igualmente, dispuso la devolución de 20 millones de dólares a la compañía Prado Universal, constructora de la Torre Atiemar y un avión incautado al presidente del quebrado Banco Peravia.
Mientras que lo manifestado por Reyes Beltré, en relación a que recibía órdenes superiores para favorecer algunos casos, ha motivado que distintos sectores, como el legislativo, empresarial, y otros ligados a la misma justicia, así como familiares de las víctimas, exijan que se den a conocer quiénes son los responsables de dictar sentencias favorables a los culpables.
En alusión a lo acontecido en la justicia, el presidente Danilo Medina sostuvo que en el país se han perdido los valores éticos y el bien común que prevalecía en la familia y destacó que esa cultura de irregularidad se ve cuando se soborna para evitar pagar una multa, ya que es un fenómeno que permea todos los estratos de la sociedad.
Puntualizó que la lucha contra la informalidad e irregularidad es responsabilidad de todos los sectores y se necesita de tiempo para ser erradicada.
