El anuncio hecho por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, de que incrementarán el operativo de seguridad preventiva en las calles durante la campaña electoral para controlar el uso de armas de fuego, deja abierta la interrogante de por qué esto no se hace durante todo el año, a fin de evitar muertes violentas de personas inocentes.
De acuerdo a declaraciones ofrecidas por el exjefe de la Policía Nacional Manuel Castro Castillo, en febrero del 2015, el 63,2% de las muertes violentas en República Dominicana son provocadas por armas de fuego, quien en su momento abogó por una reducción de esos artefactos en manos de civiles.
En tanto que en el período enero-junio del año pasado, 576 personas perdieron la vida por esta causa, cifra calificada de alarmante por la Procuraduría General de la República, y que amerita un movimiento que termine con un desarme de la población.
«La mayor parte de los robos y atracos que conducen a muertes violentas son para robar sus armas, ya que son estas las que les dan fuerzas al crimen organizado, a los vendedores de drogas, a los tratantes de personas, y hasta a quienes matan mujeres», proclamó el procurador Francisco Domínguez Brito.
En ese momento, cuestionado acerca de la factibilidad de que la población sea desarmada, Fadul, manifestó que esa decisión no ha sido establecida como política de Estado.
Sin embargo, la seguridad de los políticos y militantes parece que si ha sido instituida como una prioridad para los organismos del orden, que se dedicarán a vigilar las actividades proselitistas, pero y qué de los dominicanos que a diario salen a la calles sintiendo la inseguridad en sus vidas.
Decenas de entidades y personalidades han pedido que sea regulado el porte y tenencia de armas, mientras otros entienden oportuno la aprobación de una ley que reposa en el senado, la cual persigue controlar esta situación.
Con la muerte abrupta del alcalde Juan de los Santos, el tema fue reabierto y la presidenta del Senado, Cristina Lizardo demandó tomar medidas urgentes, al entender que las armas de fuego no pueden tenerlas cualquiera: “Debe haber un proceso de evaluación psicológico y emocional de la persona”, indicó.
En igual términos se expresó el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, quien lamentó que cada día más individuos tengan acceso a este instrumento sin ningún tipo de regulación.
También la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), había solicitado al presidente, Danilo Medina, honrar la memoria de Juan de los Santos con el inicio de un plan de largo alcance para desarmar a la población civil “sin excepción alguna”.
En este sentido, Adocco recordó que un “porcentaje considerable” de las muertes provocadas con armas de fuego se cometen con armas legales.
Realmente la voluntad lo puede todo, si la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía son capaces de asegurar que controlarán el uso de armas de fuego durante las campañas electorales, sin necesidad de una legislación, también lo pueden hacer todos los días, durante el año sin requerir de una ley.
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