La Procuraduría General de la República ha dispuesto que las autoridades que encabezan las mesas de trabajos interinstitucional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, definan “un plan de acción a corto y mediano plazo en el interés de fortalecer el sistema de prevención y persecución de estos delitos”.
Si bien Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas, afirma que el objetivo es retocar, debe ser “reafirmar” los esfuerzos del Gobierno y el sector privado “para impedir que el dinero ilícito entre a las cuentas económicas del Estado”.
Y resulta que en ese encuentro estuvieron presentes las autoridades del Ministerio Público, junto a quienes representan a las instituciones ligadas al combate del narcotráfico y del sector empresarial y aunque lo uno vaya de un lado y lo otro en el siguiente lindero, no es verdad que la sociedad dominicana reconozca como justas las medidas dispuestas contra los jueces Awilda Reyes y Francisco Arias Valera, acusados de recibir soborno para emitir sentencia a favor de quienes lavaban activos y autores de sicariato.
En los casos mencionados, fueron variadas las penas, de prisión preventiva a domiciliaria, con el “fundamento” del Ministerio Público, que no demostró que “con la puesta en libertad de los acusados se obstruirían las investigaciones del caso”. No hay que olvidar que cuando otras personas, por delitos menores como raterismo, guardan prisión por más tiempo.
O estamos repitiendo la historia de Víctor Hugo, y “Los Miserables” son los que roban un pedazo de pan (que no debía ser, pero tienen hambre), en tanto que otros malversan en tonos mayores, y resulta “muy difícil” inculparlos.
Como en “Los Miserables”
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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