A diciembre de 2015 le siguió un enero de protestas en el país, ante los datos publicados por la Procuraduría General de la República, en los que se habla de 144 mujeres asesinadas durante el año, 77 de ellas por sus actuales o exparejas, y un total de 67,187 denuncias recibidas en dicho periodo.
Siete feminicidios se contaron al concluir el primer mes del año, y representantes de diversas organizaciones feministas se apostaron en el Palacio Nacional, con el símbolo de “anónimas”, a fin de entregar un documento al Presidente de la República, en el cual resaltaban la situación de alerta ante a los feminicidios. Pese a que ningún funcionario las recibió declararon a la prensa su “indignación y postura de alerta debido a la falta de respuesta efectiva del Estado dominicano para hacer frente a la violencia contra las mujeres”.
A nombre de las presentes, la directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, expuso que “uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres dominicanas para el logro de la igualdad social y el ejercicio pleno de sus derechos es la violencia de género en sus distintas formas, la cual tiene su expresión más trágica en los feminicidios, ubicando a la República Dominicana en tercer lugar en la región en violencia feminicida”.
El grupo de “anónimas” consideró entre sus principales propuestas, “que se convoque de urgencia al Consejo de Gobierno para responder a la emergencia de los feminicidios; una política pública nacional con campañas permanentes de prevención de la violencia contra las mujeres, no acciones puntuales y coyunturales. La creación y habilitación de al menos 36 unidades permanentes de atención a las víctimas de violencia de género; capacitación sobre violencia de género a todos los operadores de justicia; presupuesto y recursos suficientes para atender la violencia en todas sus manifestaciones; cese de la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia, lo cual está contribuyendo a la perpetuación de este flagelo; implementación de políticas públicas en el Ministerio de Educación y de Salud para enfrentar la violencia; mayor seguridad de las mujeres que denuncian la violencia; políticas para el control y porte de armas de fuego; políticas públicas orientadas a controlar la difusión de mensajes que incitan a la violencia contra las mujeres y aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres”.
Valorar la peligrosidad
La vicepresidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Edme Arnaud, llamó a crear más tribunales para enfrentar los casos de violencia contra la mujer en el país, y a los diputados de la bancada nacional a “que incluyan en su agenda este asunto, para la creación de juzgados especializados que contribuyan a disminuir los casos de impunidad”, dijo.
Por su parte, la presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), Soraya Lara, se refirió al hecho “de que, una vez que la mujer decide denunciar a su agresor, justo en el momento que percibe mayor riesgo de muerte por el historial de violencia intrafamiliar, las autoridades no valoran la peligrosidad ni se da un adecuado seguimiento, sea judicial o terapéutico, a la agresión física, sicológica o económica que presenta la víctima, y por ello la lamentable consecuencia del incremento en las estadísticas de feminicidios».
La entidad destacó la importancia de que el Ministerio Público y el Poder Judicial coordinen acciones para salvaguardar la integridad física y la vida de la mujer que ha decido acusar a su verdugo. Mencionó como piedras angulares del feminicidio el consumo de alcohol y otras drogas que incrementan la impulsividad y agresividad machistas; aislamiento familiar y social del agresor y la tenencia y porte de armas de fuego, entre otros.
Se trata de una “alarma nacional”, como se ha repetido en tantas ocasiones, que no solo requiere de una educación que erradique el machismo de misóginos manifestado de tantas maneras, como son la denigración, discriminación, violencia contra la mujer, y su cosificación sexual, hasta el último de los perturbados caminos que concluye con el asesinato o feminicidio. De todo esto también las dominicanas tienen que aprender y reconocerse en el concepto mismo de su dignidad y derechos básicos.
