La conjura para arrodillar a las instituciones dominicanas y obligar al país a otorgar nacionalidad a todos los hijos de extranjeros nacidos en su territorio, desconociendo lo establecido con claridad meridiana en todas las constituciones a partir del 1929, que no admiten tal derecho para los hijos de los diplomáticos ni de las personas que se encuentren sin estatus legal definido en su territorio, se mantiene inalterable aunque a cada paso choque con la firme voluntad de un pueblo que no cederá al chantaje.
Los bombardeos más recientes: la amenaza velada de dos poderosos embajadores de ilegitimar el proceso electoral con la falsa información de que miles de dominicanos de origen haitiano se les habían negado sus documentos para impedir su derecho al voto; la aprobación de un homenaje oficial la figura internacional que encarnó la más dañosa campaña de denuestos contra la nación dominicana, y los infundiosos informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional, este último titulado “Sin Papeles No Soy Nadie”.
Todos son evidencias de que el activismo y los cuantiosos recursos de un conjunto de ONGS washingtonianas, avaladas por una comunidad internacional interesada en arrojar sobre la República Dominicana toda la carga del problema haitiano, y pequeños núcleos dominicanos que siempre han colaborado gustosos con todo lo que dañe a su país, seguirá pendiendo como una de las peores amenazas contra nuestra soberanía.
La CIDH vuelve con mentiras que ya habían quedado el desnudo, que la JCE se ha estado negando a registrar los nacimientos de un gran número de personas, y que la práctica extendida fue que se les negaran sus documentos de identidad, que “estas personas eran luego deportadas arbitrariamente y habían expulsiones colectivas, incluso personas a las que el Estado dominicano les había reconocido su nacionalidad…Fue en ese contexto que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13, avanzando en el proceso de desnacionalización que había sido llevado a cabo durante décadas”.
Se cantan y se lloran porque culpan a la 168-13 del supuesto proceso de despojo de la nacionalidad, pero dicen que existía décadas antes, cuando la gran queja del pueblo dominicano había sido la falta de regulación en ese aspecto, y en el país la ha habido con el respeto a la dignidad humana.
Lo concreto es que en función de la ley 169-14, toda persona que estuviera en el registro civil en forma irregular, se le acogió como dominicano si no había sido autor de algún fraude para asentarse, y todo el extranjero que quiso regular su estatus se les facilitó hacerlo, por cuenta de los contribuyentes dominicanos.
Pero lo que se busca es una relajación tal que por el solo hecho de una partera haitiana cruzar a un hospital dominicano a tener su hijo se le admita como dominicano, y no se va a poder bajo ninguna amenaza, hijo de extranjero va a libro de extranjería. Si estuviera violando algún derecho con eso, lo mismo hacen 129 países de los 193 de las Naciones Unidas.
Que los recursos que se destinan a auxiliar a las personas apátridas, en el caso nuestro lo tomen para crear un registro civil en Haití, que les permita a los nacionales de ese país que deseen residir en la República Dominicana, poderlo hacer bajo un estatus legal y no tener que someterse a condiciones de explotación como ocurre con los ilegales en todas partes del mundo.
Otro infundio CIDH
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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