Cuando Aristóteles en el siglo V a.c. desarrolló en Atenas su obra titulada Política, la democracia ateniense no reconocía el voto para extranjeros, esclavos, ni para las mujeres. Aquellos hombres nombraron una acción que realizaban y desconocían exactamente sus consecuencias. No sabían y dictaron normas de gobierno con logros y errores bien conocidos históricamente.
Hoy la definición de política indica, es una actividad ideológica orientada en forma, a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También aclara, manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque de los intereses encontrados dentro de una sociedad.
La Declaración de los Derechos del Hombre, Paris, 26 de agosto de 1789 señala los principios de la libertad política: “La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, hablar, escribir e imprimir libremente, aunque deberá responder del abuso de esta libertad en los casos que determine la ley”.
Merece percibir que el texto solo reconoce al hombre, varón, masculino y cuando una mujer, Olimpia de Gougue reclamó, su derecho como ciudadana fue guillotinada en plena revolución, lo que también inauguró el feminicidio político.
Y pasaron los años. Y las mujeres ocuparon espacios en la economía, la educación, la cultura, los deportes, la ciencia y la tecnología. Fueron empoderadas porque aportan a la sociedad con su trabajo y su inteligencia y esa participación, las condujo a la esfera pública. Mientras en el plano doméstico, se modificaban ciertos roles de género para quienes conviven en el seno familiar, dando paso a una nueva masculinidad más solidaria y cooperativa. Ellas se incorporan y participan en los cambios desde la comunidad, donde se asienta la acción política partidista o no. Y alcanzaron los derechos civiles con el voto en 1955 y en 1979, con la elección de la primera mujer gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León.
Después de siglos de luchas se universalizan las demandas femeninas con acuerdos internacionales que garantizan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En las últimas décadas, México ha incorporado normas jurídicas encaminadas a proteger esos derechos en los procesos electorales como parte las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, para que las mujeres ocupen más espacios en ámbitos de la política y el gobierno.
Los datos divulgados por el Instituto Griselda Álvarez, IGA señalan que, en la Cámara parlamentaria de 500 escaños 212, son diputadas y se alcanza 42.4 % el más alto de la historia; solo 178 presidentas municipales en 2,457 municipios; una gobernadora electa en Sonora.
En el Senado, 48 mujeres de 128 senadores y logran el 37.5%. De 20 integrantes del gobierno federal en México, solo existen tres funcionarias de alto nivel: la Procuradora y las secretarias de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU.
Son resultados irreversibles. Pero aún existe la opinión misógina que todavía las mujeres carecen de preparación para gobernar y cuando se requiere hacer una selección y nombrar a quien ocupará un cargo de toma de decisiones, ellas deben exhibir saberes o acumular larga y acrisolada experiencia. Incluso cuando existe ese reconocido prestigio político puede ser víctima de violencia de género, partidista o institucional y debe renunciar. ¿Entonces, quién debe demostrar sabiduría?
*Maestra en Ciencias de la Comunicación
¿Por qué ellas tienen que demostrar saberes?
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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