“Dedicado a los militares y policías de ayer y de hoy, que han luchado por unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional virtuosas, institucionales y apolíticas”
Estando nuestro país a solo unos días de las elecciones generales para escoger entre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al congreso nacional y de los gobiernos municipales, he entendido propicio recordar ciertos episodios de nuestra reciente historia electoral que, quizás para muchos, puedan estar ya olvidados.
Para este propósito, deseo tomar como punto de partida la década de los años 60s, pues sin lugar a dudas, las tensiones de la Guerra Fría influyeron de manera significativa en la República Dominicana post Trujillo, comenzando por el sistema electoral, el cual acusó serias deficiencias en su funcionamiento durante los llamados 12 años de Balaguer, de manera particular, en el caso de las elecciones del 1966, en las cuales los EE.UU impusieron a Balaguer en contra de Bosch, aplicando la frase de John F. Kennedy de que: “Prefiero un régimen sangriento de corte trujillista a otro comunista en el hemisferio”.
La realidad conocida es que la Junta Central Electoral (JCE), precisamente desde 1966, estuvo muy influenciada por el presidente Balaguer y su entorno. Una prueba de ello, es aquel triste episodio ocurrido en las elecciones de 1978, cuando las votaciones parecían favorecer a la oposición, un grupo de militares evidentemente politizados, irrumpió en la JCE, suspendiendo bruscamente el fluido eléctrico para detener el conteo de votos.
Ese reducido núcleo militar que intentó desconocer la voluntad popular en ese momento, indudablemente estaba afectado por un “desfase geopolítico”, al no tomar en cuenta que el presidente Richard Nixon, ya no estaba al timón del águila del norte, puesto que el año anterior había asumido la presidencia de los EEUU Jimmy Carter, oficial naval de profesión, con su política de defensa a los derechos humanos y apoyo a regímenes democráticos en Latinoamérica.
En esa época, la estructura del Estado dominicano, incluido el Congreso, Justicia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, eran mayormente instrumentos a disposición del presidente Balaguer.
Uno de los efectos más notorios de la Guerra Fría en nuestro país fue la generación de un enfrentamiento entre las fuerzas militares y los comunistas- algunos entrenados en actividades subversivas bajo la sombrilla de países de la órbita soviética y china-, que pretendían suplantar a Balaguer con las armas, y en el que los militares entendían que cumplían con su deber, preservando a toda costa el poder político surgido de unas elecciones.
Ya antes, en el 1963, y en circunstancias diferentes, los militares perdieron su visión constitucional al derrocar un Presidente elegido por el voto popular.
En el ambiente cotidiano ha sido muy común escuchar personas haciendo críticas sobre este período, ignorando que desde la caída definitiva del trujillismo en noviembre 1961, hasta la llegada al poder de don Antonio Guzmán (1978), en pleno apogeo de la Guerra Fría, donde los imperios reinantes se disputaban los enclaves del Caribe, no era tarea halagüeña gobernar un país en vías de desarrollo bajo esas condiciones adversas.
El escenario antes descrito, sin querer justificar asesinatos y atropellos, originó temores de los gobiernos balagueristas, que hicieron que cientos de opositores llenaran las cárceles y miles quedaran impedidos de retornar al país; la libertad sindical, la libre expresión, las manifestaciones públicas y la asociación política conllevaban graves riesgos para la seguridad individual, al extremo de prohibirles hablar por radio y televisión al profesor Juan Bosch, Peña Gómez y Casimiro Castro, entre otros.
Gracias al presidente Guzmán, robustecido por los vientos políticos del cambio, a partir del 1978, las cosas comenzaron a cambiar; desde entonces la intervención de los militares y policías en cuestiones político-partidistas fue reduciéndose gradualmente.
Pero a finales de los 80s e inicios de los 90s, cuando ya la élite militar estaba integrada en su gran mayoría por oficiales entrenados y capacitados en institutos y universidades norteamericanas, así como en otros países, esa oficialidad perteneciente a una nueva generación que no tenía la influencia nefasta de la Era de Trujillo, debió observar y aceptar con firmeza espartana como aquellos que se habían enquistado dentro del círculo presidencial, repetían en las posiciones de mando, violando flagrantemente las normativas legales y provocando un estancamiento de sus carreras profesionales.
Estos militares inconformes, con sus razones, habían sido conquistados por el PRD, no para derrocar al gobierno legalmente constituido, sino para asegurar la no intervención militar desafecta en caso de que el Dr. José Francisco Peña Gómez saliera victorioso de los comicios de 1994.
Aunque por maniobras del presidente Balaguer, el Dr. Peña Gómez no llegó a la presidencia de la República, esa lealtad uniformada fue premiada tiempo después, en el año 2000, al alcanzar el PRD el gobierno, colocando esa oficialidad comprometida en los mandos militares y policiales.
Con el retorno del PLD al poder en el 2004, es cuando la modalidad en la designación en las posiciones de mando cambia, prefiriendo este nuevo gobierno darle preferencia, con contadas excepciones, y siguió así hasta el final, a familiares y amigos de políticos en el poder, así como a oficiales de la “seguridad presidencial” y sus relacionados, algunos de los cuales tenían años fuera de los cuarteles, por lo que eran ajenos en absoluto a la realidad militar imperante del momento.
Esta distorsión fue agravada por la abierta influencia e injerencia de funcionarios civiles en los asuntos de la interioridad castrense y policial, en especial en los ascensos y designaciones, desconociendo éstos, quizás, las consecuencias negativas de tal proceder en la moral de los uniformados.
Se llegó al punto en que personas de la clase civil pertenecientes a la órbita presidencial, ascendían hasta sus propios generales, disminuyendo el prestigio y respeto que ese elevado rango conlleva, y cavando una gran fisura a la carrera y profesión militar y policial.
Ese mismo proceder, en cierto grado, fue heredado por quienes asumieron el poder en el 2012, situación en la cual resultan perjudicados sólo los militares y policías más capaces, imbuidos de un gran espíritu de trabajo y concentración en sus deberes con la Patria.
De ahí que en la fábula que se creó en el 2012, sobre una supuesta conspiración militar en apoyo al PRD durante las elecciones presidenciales de ese año, se intentó hacer una reedición mal hecha de los episodios de 1994.
Suficientes evidencias a la mano, y vivencias personales, nos indican que la misma fue inventada por militares que en principio sí coquetearon con el PRD, y tratando de contrarrestar su error, se convirtieron, por cobardía, en verdugos y sicofantes de oficiales inocentes, muchos de los cuales, por su alto perfil profesional y antigüedad, eran fuertes competidores a posiciones de mando en el nuevo gobierno.
En este confuso escenario, se dio el caso de oficiales puestos en retiro a destiempo, quienes al ver interrumpido de manera abrupta su ciclo profesional y por el bajo monto de sus pensiones, se integraron a la campaña del PRD, junto a otros oficiales retirados con mayor antigüedad, pretendiendo ser tomados en cuenta para que en un posible gobierno del partido blanco, se les reintegrara a las FFAA-PN, o se les designara en una posición remunerativa en el área civil pública, constituyendo, pero en otro contexto, otro intento de politizar las instituciones militares y como puede apreciarse, la diferencia entre una acción de “sobrevivencia” y una conspiración militar junto a “paramilitares”, es del cielo a la tierra.
Escribo con propiedad, y con el corazón en las manos porque fui testigo directo de esos hechos, ya que en las elecciones de 1994 era asistente del ministro de Defensa, y para las elecciones del 2012, ostentaba la posición de viceministro de Defensa.
La fábula llegó tan lejos, que días después de esas elecciones, en una conversación con un amigo, me manifestó: “Hermano, aunque hayas estado metido con Hipólito yo sigo siendo tu amigo”. En ese momento fue donde pude comprender la dimensión de esa perversidad que ha tronchado carreras militares brillantes.
Lo vergonzoso es que militares con mando en ese entonces, mayormente para ocultar situaciones oscuras o por compromisos con quienes los ayudaron a llegar a grados y posiciones inalcanzables por ellos mismos, se prestaron a tremenda bajeza y deslealtad en contra de sus compañeros, y muchos de los cuales habían sido sus superiores.
Pienso que quienes usaron la terminología sensacionalista de “paramilitares” para referirse de manera errónea a los supuestos uniformados en retiro que apoyaban al PRD en el 2012, obviamente desconocían su significado, o en el caso de ciertos militares intrigantes, lo utilizaron creyendo que nadie los iba a objetar.
El término “para”, significa semejanza; las unidades formadas por paramilitares fueron creadas irregularmente por algunos gobiernos para combatir las guerrillas en sus países, por esa razón conformaron esas unidades de combate parecidas a las militares, con las cuales cometieron hechos que los soldados tradicionales (regulares), no hacen, como crímenes en masa e ingeniería social.
Por lo tanto, decir que militares en retiro, algunos sin liderazgo ni con el control ni de una escuadra, participaron en unidades paramilitares con fines de enfrentar un gobierno en medio de unas elecciones presidenciales como las del 2012, es un craso error, y constituye un desconocimiento de los asuntos militares y una herejía castrense.
Por eso el refrán de “zapatero a tu zapato”. Los civiles que sin darse cuenta apoyaron el guión de esa trama, con excepción de los canes que contribuyeron por orden de sus amos a esa fábula, cayeron en una trampa histórica, creando otro punto ciego en la historia contemporánea, que es preciso aclarar.
Es oportuno resaltar que los militares y policías, desde hace tiempo, no representan un peligro en los procesos electorales, y muy por el contrario, son una garantía con el papel de la Policía Militar Electoral (PME), que el día de las elecciones está subordinada al control de la JCE, convirtiéndose en una herramienta indispensable para garantizar el orden y la seguridad del proceso electoral, en actividades vitales como el traslado de urnas y la seguridad física de los candidatos, delegados de los partidos políticos y de los recintos electorales.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que deben accionar siempre como instituciones permanentes del Estado y no de gobierno alguno, no son un fin en sí mismas, están para cumplir su deber constitucional, subordinadas al poder civil legalmente constituido, y al momento de celebrarse las elecciones generales para elegir las autoridades que conducirán la nave del Estado, deben colocarse a la altura de sus responsabilidades con la nación, ya que son la garantía del fortalecimiento del sistema democrático, que depende del proceso electoral.
El autor es miembro fundador del Círculo Delta
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