Una serie de investigaciones por corrupción que complica a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner amenaza ahora a su sucesor, Mauricio Macri, que facilitó la reactivación de estos casos judiciales pero tiene a su propio entorno bajo la lupa.
El líder de centroderecha llegó a la presidencia en diciembre con la promesa de combatir la corrupción, en un país en el que desde hace años las sospechas de irregularidades envuelven a funcionarios y empresarios cercanos a Fernández.
Pero una denuncia del oficialismo por irregularidades del Banco Central en ventas de futuros del dólar, por las que este año fue imputada Fernández, se volvió contra el Gobierno cuando trascendió que actuales funcionarios y un empresario que es íntimo amigo de Macri se beneficiaron de las operaciones.
Y ese no es el único frente judicial por donde asoman los problemas para el actual presidente.
Las investigaciones por sobreprecios en obras públicas que apuntan al empresario Lázaro Báez, un hombre cercano a Fernández y a su difunto marido, Néstor Kirchner, ocupan desde hace meses las portadas de diarios enfrentados con la ex presidenta.
Las relaciones comerciales del empresario se han extendido más allá del círculo del matrimonio Kirchner: incluso llegan hasta Ángel Calcaterra, primo hermano de Macri.
Calcaterra controla el Grupo ODS, que tiene a la constructora Iecsa como subsidiaria. Iecsa se asoció en años recientes con Austral Construcciones, de Báez, para competir en dos licitaciones de obras públicas que finalmente perdieron.
Báez, señalado por algunos como testaferro de la ex pareja presidencial, fue detenido el mes pasado por una de las causas que hay en su contra por lavado de dinero.
