Varios legisladores advirtieron este jueves que el proyecto de ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial de la República Dominicana, que busca modificar la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, puede ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC), de ser aprobado tal como está, sino se armoniza el régimen de sanciones, y que además quita funciones a los ayuntamientos municipales de todo el país.
En ese sentido, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, afirmó que dicho proyecto debe tener el régimen de consecuencia, es decir, las sanciones conforme al Código Penal.
Báez Explicó que esas sanciones están en el nuevo Código Penal, “pero no el viejo Código, sino el nuevo que nosotros aprobamos (diputados) y que fue devuelto por el Tribunal Constitucional”.
El vocero oficialista advirtió que si no hay armonía en el régimen de sanciones, entonces el Congreso Nacional estaría cometiendo una “falla”, porque para el mismo delito no se puede tener diferentes penas.
Citó por ejemplo, que si ocurre un accidente de tránsito, no puede haber en la Ley una sanción de tres a un año de prisión para el responsable del hecho, cuando el Código Penal establece otro tipo de pena.
Entiende que la Cámara de Diputados debe tener muy en cuenta el procedimiento técnico para que no haya disparidad, y eso puede dar origen a que sea observada la Ley y devuelta.
Báez favoreció la creación de un Ministerio de Tránsito, quien tendrá la responsabilidad de fijar políticas. Se coloca como una institución importante de Estado e incluso debería regular el tránsito aéreo.
Apuntó que es un “error” crear dos instituciones, sino que debe ser un ministerio de Transporte.
Consideró que hay ponerle atención al tema de transporte y diseñar un plan estratégico de reducción de la mortalidad por vía de los accidentes de tránsito y ubicar un plan a cinco años, luego evaluar los resultados del mismo.
Puso como ejemplo, que las patanas andan con gomas que no sirven, cuando se poncha una goma y se descarrila el vehículo.
Indicó que AMET no tiene el medidor de caucho ni tan poco un alcoholímetro, porque fácilmente ese conductor puede estar borracho, las gomas no sirven.
En tanto que el diputado Eugenio Cedeño advirtió que ese proyecto de ley busca quitarle atribuciones a los ayuntamientos: “Si disminuyen las competencias de los ayuntamientos y las injerencias de otras instituciones del Estado pudiera haber un choque con la Constitución de la República”, apuntó el legislador por La Romana.
Expresó que ha presentado algunas observaciones al proyecto y que las mismas han sido acogidas por la Comisión Especial, en lo que tiene ver con la definición de los ayuntamientos y el papel del Instituto Transporte Terrestre.
Mientras que el autor del proyecto, Rafael Tobías Crespo, indicó que la comisión especial está trabajando las observaciones que se presentaron en el hemiciclo, sobre todo el tema de las competencias de la municipalidad con respeto al a la autoridad que se crea y que unifica diversas instituciones.
De su lado, el presidente de la Comisión Especial, Luis Castillo, dijo que la Comisión se encontraba reunida para tratar diferentes variaciones que se dieron a conocer en el hemiciclo sobre la ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial de la República Dominicana.
Sostuvo que dicho encuentro busca consensuar para sacar la mejor ley posible de movilidad y añadió que a los varios puntos neurálgicos que se están discutiendo, uno es lo referente a la participación que tienen los ayuntamientos sobre la regulación del tránsito y transporte de cargas en cada uno de los municipios y el Distrito Nacional.
