El director de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), Luis Estrella, consideró que además del proyecto de ley de tránsito que se conoce en el Congreso Nacional, en el país se debe crear el Ministerio de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, para albergar a todas las instituciones que interactúan en el sector y que se encuentran dispersas, muchas veces haciendo funciones comunes o que son competencias de otras instancias.
Igualmente, el funcionario lamentó que los tribunales que se crearon con la finalidad de sancionar las infracciones que se cometen contra la ley 241 no funcionan, y más que eso aseguró que dicha iniciativa ha sido un rotundo fracaso.
Además, dijo que de más de un millón 600 mil motociclistas que circulan en el país, apenas 50 mil de ellos cuentan con la licencia de conducir.
Estrella reveló también, que en la República Dominicana hay más de 50 mil vehículos chatarras, la mayoría de los cuales se encuentran operando en el trasporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo, situación que además de la contaminación ambiental que genera, contribuye al taponamiento vehicular que se registra en esta demarcación.
Al comparecer en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema, canal 11, sostuvo que los Tribunales de Tránsito parecen un mercado.
“Aquí las multas se aplican de manera administrativa, cuando todo el mundo sabe que debe ser el resultado de una decisión de un tribunal”, indicó.
Recordó que el mismo director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), denunció que a cada soldado le ponían una cuota de multas y que el nombre de la persona era sacada del padrón de la Junta Central Electoral y que por eso habían ciudadanos que aparecían sancionados sin ser notificado de la infracción”, explicó el funcionario.
Aclaró que en el sistema de Tránsito Terrestre sí aparece registrado cuando un ciudadano es objeto de una multa, pero por eso a nadie se le puede negar la renovación de la licencia porque la ley no lo establece, y más aún cuando esa sanción no proviene de un tribunal competente.
“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que solamente cuando hay una sentencia de un tribunal competente se le puede negar un papel de buena conducta a un ciudadano, porque además esas multas son administrativas y no producto de una autoridad judicial con competencia para ello”, precisó Estrella.
Sostuvo que si por una de esas multas a un ciudadano se le niega la renovación de su licencia, entonces de la Dirección General de Tránsito Terrestre estaría incurriendo en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional.
