El año inició con el anuncio de la Procuraduría General de la República acerca de la cancelación de dos fiscales de la provincia Santo Domingo, implicados en la investigación de más de 900 kilos de cocaína, en supuesta complicidad con altos mandos que laboraban en la Dirección Central Antinarcóticos del la Policía Nacional (Dican).
La denominada “traición al honor del Ministerio Público con hechos inadmisibles”, pareció conmover a las filas; pero las noticias siguieron nublando el panorama y hasta el exdirector del organismo apareció como presunto responsable de haber sustraído droga en allanamiento practicado en años anteriores.
A estos hechos se sumaron nombres de jueces y fiscales, contra quienes se elevaron cargos por patrocinio, tráfico y posesión ilícita de sustancias narcóticas; así como falsificación de documentos públicos, lavado de activos y asociación de malhechores.
Drogas, bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, obtenidos todos como fruto de los “tumbe de la droga ocupada”; títulos de propiedad y otros documentos han seguido escalando los peldaños de la corrupción y representantes de entidades que significan por sí mismas lucha contra el narcotráfico, desdibujan y manchan su labor.
La solicitud del fiscal de El Seibo para eliminar de dicho territorio la dotación de Agentes de Dican, por la manera en que se involucran en los delitos y abusan del poder que les ha sido otorgado, es una buena oportunidad para limpiar la maleza corruptiva que cubre una entidad que debe, por encima de todo, responder a honradez y pulcritud en su ejercicio o, sencillamente, no pueden actuar como agentes antinarcóticos, porque eso suena a espejismo.
Drogas, “tumbes” y corrupción
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