Las organizaciones feministas han decidido protestar frente al Palacio Nacional y llevar sus denuncias a nivel internacional si es necesario, ya que consideran que el nuevo Código Penal significa una sentencia de muerte y despojo de los derechos de las mujeres dominicanas.
Más que todo se trata de incongruencias y de ese estilo de dar dos pasos en una dirección y luego volcarlos en otro sentido. Porque en noviembre de 2014, las observaciones del presidente Danilo Medina garantizaban el acceso al aborto cuando el feto presentara malformaciones que le impidieran sobrevivir y cuando el embarazo fuera como consecuencia de violación o incesto.
Ahora, la indignación y rechazo va en contra de la aprobación del nuevo Código, en el cual se penaliza la interrupción del embarazo castigándolo con penas de 2 a 4 años de prisión para las mujeres; y de hasta diez años cuando se trata de personal de salud.
El problema es que no se acaba de tratar un tema tan delicado con la profundidad y solidez que requiere, porque no es verdad que con tantas ambivalencias se tenga claro cuándo en realidad y quiénes deben actuar en caso de que haya que actuar e interrumpir un embarazo donde peligre la vida de la madre y el bebé o de ambos.
Se trata de un retroceso real y un empuje a que las mujeres sin recursos, que son la mayoría, busquen en la clandestinidad como solucionar algo que, definitivamente, les expone más que a complicaciones médicas a una muerte segura.
