El conflicto comercial entre Colombia y Panamá escaló este sábado por la demora colombiana en aplicar el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de eliminar los incrementos arancelarios a importaciones de textiles y calzados panameños.
El propósito manifestado ante el ûrgano de Solución de Controversias (OSC) de la OMC, fue calificado de dilatorio aquí en una nota del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) istmeño, que informó sobre la solicitud de un período adicional para acatar las recomendaciones dictaminadas, pero sin precisar tiempo.
El litigio se basa en un incremento impositivo unilateral del país sureño a las mercaderías señaladas, lo que dejó fuera de competencia a los exportadores de la Zona Libre de Colón (ZLC), en el Caribe panameño, y es una de las causas del retroceso económico del enclave, según insisten sus usuarios.
«Constatamos que Colombia no ha demostrado que el arancel compuesto sea una medida necesaria para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de 1994», concluyó en junio pasado el laudo del OSC.
Panamá reiteró ayer ante el organismo internacional de que Colombia proceda a cumplir con las recomendaciones mediante la no renovación de la medida juzgada incompatible, la cual fue emitida por cuatro meses y expira el día 30 de julio próximo.
El país agotará «todas las instancias disponibles para garantizar que Colombia cumpla prontamente y de manera eficaz con el fallo», y le otorgue a Panamá «las concesiones que le corresponden en materia de acceso al mercado colombiano para nuestras exportaciones», manifestó el ministro del MICI Augusto Arosemena.
«Hemos estado evaluando las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de nuestras relaciones comerciales con Colombia en un marco de certeza y previsibilidad para nuestros sectores productivos», dijo y agregó que están considerando adoptar las medidas más efectivas para este objetivo, indicó.
Recientemente empresarios de la ZLC solicitaron al gobierno panameño acciones de retorsión contra Colombia por lo que consideran violaciones de sus compromisos comerciales y de no adoptarse tal medida, el casi septuagenario enclave «podría tener sus días contados», aseguró Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios.
Un alto porcentaje de locales comerciales se dedican a la venta de calzados, ropa y la logística hacia la nación sureña, y esas empresas mantenían la esperanza de un fallo favorable, pero la falta de una respuesta gubernamental contundente llevaría a «apagar la luz, cerrar la puerta y entregar le la llave al gobierno», dijo.
