El proyecto de ley que plantea garantizar el acceso de los ciudadanos a los ríos, lagunas, playas y costas nacionales contempla sanciones por la violación de la normativa por un monto que va desde RD$1,000 hasta un millón de pesos.
La pieza legislativa que todavía es objeto de estudio, señala como infracciones la obstaculización del acceso a costa, el cobro por el paso, la destrucción física de las servidumbres y la ocupación ilegal de la zona marítima terrestre o un inmueble privado.
Sin embargo, estas prerrogativas han sido observadas por el sector empresarial que entiende puede haber riesgos que “atenten con la seguridad y la operación comercial del sector turismo”, según publica Diario Libre.
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación de Empresas de Turismo Inmobiliario, ya han considerado en cuanto al referido proyecto de ley que “nada impide que un propietario privado colindante puede cobrar para el uso y disfrute de sus instalaciones”.
En cuanto a las propiedades inmobiliarias, el proyecto que se estudia en el Senado especifica que no se reconocerán aquellos que se extiendan hacia la “zona inalienable o áreas de la zona marítimo terrestre”, registrados después de la entrada en vigencia de la Constitución de 2010.
Aclara que no se delimitará la franja marítima, cuando el respectivo inmueble haya sido registrado con anterioridad al año 1938, cuando entonces el espacio era de 20 metros desde la costa.
