La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), lamentó las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Alberto Surun Hernández, quien acusó a la institución de privilegios en el sistema de justicia penal del país, considerando como falsas declaraciones que un atentan contra la función esencial del Estado Dominicano.
La directora de la ONDP, Laura Hernández, asegura que la entidad está cumpliendo desde su creación con el mandato constitucional de prestar asistencia, asesoría y representación de manera permanente y continua, atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado; como lo prescribe el artículo 176 de la Constitución.
Evidentemente que no existe una discriminación de los casos que son asistidos por la ONDP, ya que la propia Constitución coloca una camisa de fuerza de que se debe prestar asistencia a todo el que no tenga abogado, añade.
Laura Hernández aclaró que no existe un privilegio más que el de cumplir al pie de la letra lo establecido en la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado; y en esas atenciones existe la imperiosa necesidad de utilizar una vestimenta distinta a los defensores privados, porque ha creado en ocasiones confusiones con los usuarios del servicio y hasta usurpación de funciones por algunos abogados privados, al hacerse pasar como defensores/as públicos/as ante los imputados violentado los criterios de gratuidad y fácil acceso.
Además, dijo que sorprende que perteneciendo, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, al Consejo de la Oficina Nacional de Defensa Pública ahora esté en contra de la Resolución sobre el Protocolo para la vestimenta de los defensores/ras públicos/cas cuando su propia institución firmó esa Resolución.
Es propicia la ocasión para hacer un llamado al presidente del Colegio de Abogados para que adopte medidas disciplinarias contra esos abogados privados que dejan abandonados a los imputados por infringir las leyes dominicanas en contra de los más débiles, agregó Hernández.
