La fiscalía de Perú investiga a grupos especiales de la policía por supuestas ejecuciones extrajudiciales de delincuentes entre el 2012 y el 2015, en operaciones «armadas» en busca de ascensos y recompensas, dijo el lunes una fuente judicial.
El caso involucra a 16 oficiales y 80 suboficiales que, tras recibir información de policías de inteligencia infiltrados en bandas organizadas que participaban en robos y secuestros, realizaron operativos «exitosos» ganándose el reconocimiento de sus superiores, dijo la fuente citando una investigación preliminar de la policía, ahora en la fiscalía.
«Es una tema delicado y aparentemente están involucrados hasta generales y personal de inteligencia», dijo a Reuters la fuente, que pidió no ser identificado.
El caso, revelado en los primeros días del Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pone en tela de juicio la lucha contra el crimen en la gestión del ex mandatario Ollanta Humala, en momentos en que según encuestas el aumento de la delincuencia se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos.
Según la investigación preliminar, que ahora es profundizada por la fiscalía, 27 personas habrían sido ejecutadas al margen de la ley por miembros de inteligencia policial, de la división de robos, de acciones tácticas y lucha contra el terrorismo, en Lima e interior del país, dijo la fuente judicial.
La misma fuente refirió que el fiscal general Pablo Sánchez decidió escalar las investigaciones y el caso pasó a la «fiscalía especializada en delitos contra el crimen organizado» desde el fiscal provincial que tenía el proceso, por tratarse de un tema sumamente complejo y de alcance nacional.
El ex ministro de Interior del Gobierno anterior Daniel Urresti dijo que sabía de una investigación administrativa sobre el caso que había pasado a la fiscalía para determinar si hay delito penal. «Aquí nadie ha dado a conocer que hay escuadrones de la muerte. No me consta. Ni dudo ni dejo de dudar», agregó.
El tema fue revelado el domingo por el canal local América Televisión, citando entre otros casos el de un colaborador de la policía no identificado y el de un empresario que fue secuestrado y liberado una hora después de un operativo policial en el 2014.
El ministro de Interior, Carlos Basombrío, refirió que las acusaciones son «extremadamente serias» y dijo que en 10 días su cartera dará un informe para esclarecer los hechos. «No solo hay responsables de acción, sino también de omisión», acotó.
Perú investiga a comandos policiales por presuntas ejecuciones
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