Un plan del Gobierno chileno para aumentar las pensiones con cargo a aportes del empleador costará alrededor de 4.000 millones de dólares, un tercio de los cuales desembolsará el fisco, dijo el miércoles el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
La presidenta Michelle Bachelet anunció el martes por la noche una serie de medidas para aumentar las pensiones, entre las que se destaca un alza de hasta un 15 por ciento en la cotización previsional desde su actual nivel de 10 por ciento, con cargo exclusivo al empleador.
«Este cambio de cinco puntos porcentuales es un cambio muy relevante, si consideramos que cada punto porcentual de la cotización equivale en torno a 0,3 puntos del PIB, 765 millones de dólares, incluyendo a los independientes», dijo Valdés a periodistas.
El alza de cinco puntos porcentuales en la cotización, en todo caso, será de forma gradual y en un plazo máximo de 10 años.
El ministro precisó que el Estado es uno de los grandes empleadores del país, por lo que el aumento planeado en las cotizaciones de los trabajadores significará una mayor carga fiscal.
«El costo fiscal en régimen equivale a 0,5 por ciento del PIB, en torno a 1.500 millones de dólares», dijo Valdés.
En el Gobierno remarcaron que los cambios planteados implicarán una discusión de todos los actores para que su aprobación sea respaldada por un gran pacto social, más aún cuando arrecian las críticas contra el actual sistema de pensiones.
El aumento en la cotización será destinado a crear un pilar de ahorro colectivo solidario, una parte del cual permitirá elevar las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr una mayor equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores que cotizan.
FONDOS PENSIONES EN LA MIRA
El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue creado en la década de 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y actualmente participan seis compañías privadas que manejan más de 160.000 millones de dólares en activos.
Desde el Gobierno anunciaron que implementarán medidas para introducir más competencia y para reducir y transparentar los costos de administración del sistema, algo que no fue bien recibido por el gremio.
«Algunos de los anuncios esbozados pueden terminar perjudicando las pensiones de nuestros afiliados», dijo a periodistas Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFP, pero sin entregar más detalles.
En el gremio miran con preocupación el anuncio del Gobierno de que en los períodos en que un afiliado obtenga rentabilidad negativa, las AFP deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo.
Con todo, Pérez dijo que participarán en las conversaciones con el Gobierno para entregar sus puntos de vista, diálogo al que también se sumarían representantes de los trabajadores y del empresariado en los próximos días.
Bajo ese panorama, en el Ejecutivo declinaron entregar plazos para el envío de los proyectos al Congreso, aunque esperan un apoyo transversal de los parlamentarios dado su impacto social.
Las medidas anunciadas por el Gobierno se conocieron antes de la convocatoria para la noche del miércoles de un «cacerolazo», en una iniciativa de la coordinadora «No más AFP», la misma que lideró recientemente una multitudinaria marcha en Santiago y otras ciudades en rechazo al actual sistema.
La organización rechazó la iniciativa del Gobierno, ya que en su criterio afianza la perpetuidad de un sistema de pensiones en manos de privados.
Reforma del sistema de pensiones en Chile costará unos US$4.000 MM
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