Las tres clínicas pertenecientes al Grupo Centro Médico Integral, en Santo Domingo Este, fueron cerradas porque tienen vencidos sus permisos de habilitación, y no por la investigación de una supuesta extracción de órganos humanos, de acuerdo explicó un abogado cercano a la entidad y que pidió reserva de su nombre.
Explicó que el cierre no tiene nada que ver con la investigación que lleva el Ministerio Público con relación al mencionado tráfico de órganos, y que ha sido una mala interpretación de los medios de comunicación que, de forma errónea, han vinculados a estos tres establecimientos de salud en ese ficticio negocio.
Dijo que las autoridades judiciales procedieron al cierre por orden del Ministerio de Salud Pública que está exigiendo que la administración de los centros cumplan con ese mandato de ley.
Recordó que hasta el momento, los representantes de la Fiscalía de Santo Domingo que actuaron en la intervención no han explicado a la opinión pública las causas de la suspensión, escenario que ha dado lugar a las citadas especulaciones.
Sostuvo que el Ministerio Público ha actuado de manera muy irresponsable, ya que es su deber informar las razones del cierre y evitar la incertidumbre que el caso ha generado en la población.
Las tres clínicas del grupo Centro Médico Integral fueron clausuradas por las autoridades en pasado miércoles, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por la supuesta extracción y tráfico internacional de órganos humanos.
Las pesquisas se realizaron, aparentemente, a partir del hallazgo de una osamenta humana en el sector La Guayiga, Kilómetro 22 de la autopista Duarte, el cual se ha presumido corresponde a la niña Carla Massiel, reportada desaparecida hace un año y que se sospecha habría sido asesinada para extraerles sus órganos.
En los allanamientos los fiscales y agentes policiales revisaron las áreas de quirófanos, laboratorios y otras áreas sensibles.
Este jueves el Ministerio de Salud informó que con el objetivo de velar por el correcto manejo de los pacientes ingresados, colabora con el Ministerio Público y otras autoridades que amparadas en la orden de un juez competente, realizan indagaciones en varias clínicas.
Explicó el organismo, que de esa manera se evita que pacientes puedan verse afectados por intervenciones de personal ajeno a la atención en salud, ante la situación que conllevan las investigaciones de este tipo.
Entre tanto, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), y el Consejo Nacional de Trasplante (CNT), sugirieron al Ministerio Público suspender las redadas en centros médicos de la región oriental, ya que eso solo sirve para fortalecer la leyenda urbana originada por la presunta violación y asesinato de la niña Carla Massiel Cabrera.
Las entidades indicaron que esa actividad genera más temor en la sociedad y su consecuente efecto negativo sobre la donación de órganos, única posibilidad de vivir de los pacientes con enfermedades terminales orgánicas.
Asimismo, solicitaron la realización de un peritaje siquiátrico a la persona que ha señalado a las referidas clínicas como uno de los lugares donde se les extrajeron los órganos a la niña Carla Massiel, inculpado en su asesinato, cuya conducta muestra evidentes signos de un psicópata, frecuente en homicidios en serie y violadores.
En ese mismo orden, el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, también pidió al Ministerio Público explicar claramente las razones por las que ha cerrado las clínicas, ya que hasta el momento desconocen las causas reales que llevaron a esa acción por parte de las autoridades.
