El gran enemigo de la democracia es la militarización del pensamiento político. – Fernando Morán
En el actual escenario nacional no pongo en dudas que el gobierno está realmente empeñado en aumentar los niveles de seguridad ciudadana y disminuir las cotas de delincuencia, más aún, luego de ser publicados en Buenos Aires, Argentina, el recién pasado día 2 de septiembre, los resultados del centro de estudios estadísticos de Latinobarómetro donde otra vez continúa siendo la delincuencia el principal problema de los dominicanos entre los 18 países de Latinoamérica. (Listín Diario 3-09-16)
El problema, no radica en las buenas intenciones que convergen detrás de las iniciativas de muchas autoridades del Estado y miembros congresistas que se han promovido últimamente, sino más bien en la errónea competencia interinstitucional, la falta de eficiencia en las medidas aplicadas y la opaca lucidez en las políticas públicas que han procurado poner en práctica para lograr sus objetivos.
La progresiva militarización de las funciones policiales, la formación de nuevos cuerpos militares como la Comisión Militar-Policial (COMIPOL), la creación de una nueva Dirección de Prevención dentro del Ministerio Público, los planes de disolver la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para ser sustituida por otra entidad, entre otras.
Vemos como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dirige un cuerpo militar, tamaño brigada, para brindar seguridad vial en las carretas del país, militares en patrullas motorizadas y la incorporación de policías de investigaciones criminales al patrullaje motorizado para realizar labores preventivas son claros indicativos de que las autoridades del Estado lucen erráticas y desesperadas apresurando respuestas sin antes considerar con detenimiento los posibles resultados y sus consecuencias.
Con estas acciones, pensamos que se está dando la impresión de que un tema tan urgente como lo es la seguridad ciudadana pudiera estar en las manos inexpertas de curanderos, y no en poder de auténticos especialistas.
En efecto, varias de estas acciones se han implementado sin los estudios científicos correspondientes, sin un diagnóstico claro relativo a los problemas que pretenden resolver, y en otros casos, las medidas no están respaldadas en evidencias de ningún modelo efectivo, excepto el gran esfuerzo que hacen para ejecutarlas.
Por ejemplo, el militarizar las funciones policiales va en contradicción flagrante a todas las corrientes modernas de políticas preventivas exitosas que tienden a desmilitarizar las policías y despolicializar a los militares. Se sigue confundiendo obstinadamente la prevención con disuasión, tal como me he referido en análisis contenidos en ensayos anteriores.
En este contexto, si militarizar las funciones policiales fuera realmente efectivo, hace años que en el país se hubiera resuelto el problema de la criminalidad desde el mismo instante en que los militares asumieron las mismas tareas que hoy realizan en patrullar las calles. Las evidencias palpables están a la vista de todos por sus fracasados resultados ya conocidos.
La formación del COMIPOL, una nueva unidad integrada por militares y policías, lo que hace es generar más confusión entre las mismas autoridades por la competencia de roles, y provoca a la vez inseguridad en la ciudadanía al confundirlas con guachimanes de servicios de seguridad privada, pues independientemente del buen servicio que pueda prestar, es causa de burlas entre los delincuentes ya que está comprobado que no han logrado ningún efecto preventivo contra la criminalidad. Eso así, sin entrar en consideraciones de tipo doctrinario, lo cual puede ser un tema de análisis por separado.
Por otro lado, la creación de la nueva Dirección de Prevención por parte de la Procuraduría General de la República es un loable esfuerzo por pretender colaborar con la problemática en cuestión, pero realmente, en ninguna parte del mundo es competencia del Ministerio Público diseñar o ejecutar políticas preventivas de seguridad públicas, pues generalmente son de la exclusiva competencia constitucional del Ministerio de Interior y Policía.
Las funciones de competencia de la Procuraduría General de la República consagradas en la Carta Magna giran en torno del diseño de la política criminal del Estado en acción de represión contra el crimen.
Aquí vemos otro choque de roles y solapamiento de funciones que solo traerá confusiones, debilitamiento en la efectividad de las medidas a aplicar, conflictos innecesarios entre funcionarios de la ley, dilapidación de los escasos recursos humanos y económicos, provocando más burlas en los delincuentes y descontento en la población indefensa.
En fin, estas son pequeñas muestras de que no se han ponderado adecuadamente las medidas adoptadas, no se nota una coordinación central que obedezca a un plan maestro diseñado, tampoco la reflexión sobria de los valores que se ponen en juego con su puesta en práctica que, a todas luces, algunas de ellas entran en contradicciones entre sí y con la misma Constitución de la República.
Con la ejecución de políticas públicas por parte de los organismos del Estado con estos déficits en su formulación, se asume el enorme riesgo de cometer errores graves, de no producir los resultados esperados y de decepcionar aún más a una sociedad que cada vez se siente más insegura.
De persistir esta miopía a largo plazo afectará sustancialmente la sostenibilidad de otras buenas iniciativas que van por buen camino, pero que la dispersión de acciones y un voluntarismo paralizante resultarán en una especie de curanderismo que tenderá más bien a agravar las afecciones, complicando aún más el delicado cuadro general del paciente.
Por lo que se hace necesario que los tomadores de decisiones hagan un ejercicio de autocrítica, que incluya realizar las evaluaciones necesarias para poder hacer las correcciones de lugar a los fines de que puedan lograr sus objetivos, dejando de lado las típicas susceptibilidades de quienes miran a la sociedad desde las posiciones encumbradas del Estado y cuyo efecto potenciador del poder hace que a veces se distorsionen las sensibilidades para poder interpretar correctamente las auténticas demandas de la opinión pública.
De esta manera, enviarán un claro mensaje a la Nación de que la seguridad ciudadana no está en manos de curanderos sino en las diestras manos de especialistas, se fortalecerá la democracia al desmilitarizar el pensamiento político por aquella prudente advertencia del politólogo estadounidense y máxima figura del realismo político americano, Karl Paul Reinhold Niebuhr, cuando dijo: Las democracias son realmente lentas para hacer la guerra, pero una vez embarcadas en una aventura militar son igualmente lentas para hacer la paz.
El autor es miembro del Círculo Delta.
