El Gobierno de Colombia inició el lunes acercamientos con la oposición política en un esfuerzo para salvar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC luego de su rechazo en un plebiscito, un sorpresivo resultado que sumió al país sudamericano en la incertidumbre.
Los mercados financieros reaccionaron el lunes negativamente pues anticipaban una ratificación del acuerdo y contaban con el capital político del presidente Juan Manuel Santos para lograr en el Congreso reformas pendientes y atraer inversores que ayudaran a frenar la desaceleración de la economía.
A pesar de la amarga derrota, Santos y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», anunciaron que continuarán con sus esfuerzos para evitar una reactivación de la confrontación que ha dejado unos 220.000 muertos y millones de desplazados. En ese sentido, confirmaron que mantendrán un cese bilateral al fuego.
Aunque Santos, un economista de 65 años, no estaba obligado a refrendar los acuerdos, apostó su capital político para darle mayor legitimidad. A pesar de que dijo que no tenía plan B en caso de una derrota, ahora busca opciones en una Colombia dividida por la mitad.
Santos nombró al jefe de su equipo negociador, Humberto de la Calle; a la canciller, María Ángela Holguín; y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como sus representantes para iniciar un diálogo con la oposición que lidera el popular ex presidente Álvaro Uribe.
«Con la voluntad de paz de todas las partes, estoy seguro de que podremos llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos y, de ser así, el país saldría ganando y el proceso terminaría fortalecido», dijo Santos, quien pidió prontitud y límites de tiempo para evitar poner en riesgo los acuerdos.
El triunfo del «No» tras una campaña que lideró Uribe y que mostró la renuencia de los colombianos a perdonar la historia de asesinatos, masacres y de ataques de la guerrilla, impide a Santos implementar el acuerdo de paz que firmó hace una semana con «Timochenko».
Aunque el partido de Uribe, el Centro Democrático, no acudió a un encuentro que convocó Santos, anunció su voluntad de reunirse con los delegados del Gobierno para «corregir» los errores del acuerdo de paz y nombró a sus representantes.
«Nosotros tenemos toda la voluntad de dialogar (…), pero ¿si hay disposición en el Gobierno y en el presidente de la República de escuchar para introducir algunos cambios?», se preguntó Uribe en una intervención en el Senado.
PACTO EN EL LIMBO
El acuerdo contemplaba que la guerrilla más antigua de América Latina dejara las armas y se convirtiera en un partido político, así como la restricción de la libertad de sus máximos dirigentes hasta por ocho años si confesaban sus delitos y crímenes cometidos en medio del conflicto, pero no cárcel.
También incluía una instancia judicial especial para juzgar a los guerrilleros, subsidios para que se integraran a la sociedad y compensaciones a las víctimas del conflicto.
Ahora, según el analista Ariel Ávila, de la privada Fundación Paz y Reconciliación, uno de los riesgos inmediatos es mantener bajo control a los mandos medios y a los alrededor de 7.000 combatientes de las FARC ante la incertidumbre generada por el rechazo al acuerdo y una amnistía que hoy se ve lejana.
«Las FARC-EP permanecerán fieles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse», dijo el grupo rebelde, asegurando que el resultado del plebiscito es político pero no jurídico.
Entre las opciones que contemplan los expertos para rescatar el acuerdo están una renegociación con la guerrilla incorporando al Centro Democrático de Uribe, quien pide cárcel y que los jefes rebeldes no puedan optar a cargos de elección popular.
Otra posibilidad es una Asamblea Nacional Constituyente y un gran pacto político entre el Gobierno y Uribe.
Naciones Unidas (ONU), que tiene una misión de observadores en Colombia para supervisar la concentración de la guerrilla en áreas especiales y el abandono de las armas, confió en que se mantendrán los esfuerzos para alcanzar la paz.
Estados Unidos y los gobiernos de América Latina también respaldaron los planes de Santos de mantener los esfuerzos para consolidar la paz en la nación sudamericana.
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