Llegada de haitianos a Chile enciende el “fósforo” del racismo

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Santiago de Chile.- La llegada a Chile de inmigrantes haitianos, tanto cultural como físicamente distintos a los chilenos, ha encendido el “fósforo” del racismo en un país que históricamente se ha caracterizado por acoger a los extranjeros.
 
Según estadísticas de la Policía chilena, en este último año han entrado al país cerca de 4,000 haitianos al mes.
 
Si bien el fenómeno de la inmigración en Chile no es nuevo, el rápido crecimiento de esta comunidad caribeña, de idioma y costumbres diferentes a las del país andino, ha llamado la atención de la sociedad y la oposición política chilenas, que ha aprovechado la situación para atizar el fuego de la discriminación.
 
El expresidente chileno y posible candidato a un nuevo mandato Sebastián Piñera planteó el mes pasado la necesidad de reformar las leyes de inmigración para facilitar la expulsión de «indeseables».
 
«Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que aporten al desarrollo, pero debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal», dijo Piñera.
 
Para el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, ese discurso de la derecha chilena «responde de manera imprudente a cierto cálculo electoral».
 
«Rotular a la población inmigrante de delictiva o sólo acentuar ese componente es un discurso facilista e imprudente», comentó a Efe Barraza, quien explicó que en ocasiones hay idiosincrasias que pueden «entrar en tensión» pero cuando son «bien procesadas» se convierten en «riqueza» para el país.
 
La inmigración latinoamericana hacia Chile se ha cuadruplicado desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Actualmente, residen en el país 465.300 extranjeros (de una población de 18 millones), el 89,5 % de ellos procedentes de países de la región.
 
Su próspera economía, su estabilidad social y las múltiples oportunidades laborales han impulsado la creación, entre los latinoamericanos, del ‘chilean dream’ (el sueño chileno), tal y como en su día existió el ‘sueño americano’.
 
Los inmigrantes que llegan al país tienen entre 15 y 45 años y vienen en busca de oportunidades. «En Chile las personas puede desarrollar sus proyectos de vida y por eso es visto como un país atractivo», explicó el ministro.
 
Representes de organizaciones de derechos humanos puntualizan que las condiciones de vida para los inmigrantes no son tan buenas.
 
Algunos de ello, procedentes de Colombia o la República Dominicana, caen en manos de bandas internacionales de tráfico de personas que los introducen en el país de noche, a través de pasos de la región de Arica y Parinacota, en la frontera con Perú.
 
Se trata de una zona minada, por lo que cada año una decena de ellos muere o resulta herido de gravedad por la explosión de un artefacto.
 
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional del Ministerio de Desarrollo Social pone de relieve que su vida tampoco es un camino de rosas: aunque la mayoría encuentra trabajo, un 28,4 % de los hogares encabezados por un inmigrante experimentó discriminación en 2015.
 
Guivard Pierre, un haitiano de 30 años que llegó a Chile hace seis para trabajar en la construcción, ha ido ahorrando para comprarse un coche y una casa en un modesto barrio de la capital, donde vive con su esposa chilena y su hijo de dos meses.
 
Apoyado en uno de los muros de hormigón de la construcción en la que trabaja, Pierre aseguró a Efe que no se arrepiente de haber venido a Chile, a pesar de que las cosas no han sido fáciles.
 
«El país no era como me lo imaginaba. O bien me discriminan por el color de piel o bien porque tengo un auto o una bicicleta. No hay derecho», se lamentó Pierre.
 
Aunque el Gobierno de Michelle Bachelet ha llamado en varias ocasiones a «no construir muros simbólicos» para los inmigrantes, sí comparte con los políticos de derecha la convicción de que el país necesita una nueva ley que regule la inmigración.
 
La actual, que data de la dictadura de Pinochet, «no refleja las complejidades de convivencia», por lo que el Ejecutivo ha preparado un proyecto de ley que «busca dotar al país de una norma moderna que sea capaz de regular correctamente el mercado laboral e integre a la población que llega al país», subrayó Barraza.