Ante la revelación de un acuerdo firmado por la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ha manifestado su desconcierto sobre el contenido, términos y plazos que han sido revelados hasta ahora.
La entidad determinó que el acuerdo parece limitar la responsabilidad civil de la empresa brasileña al pago del duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos dominicanos, cuando esa es solo una parte de su responsabilidad y probablemente la parte menor.
Dice que el acuerdo parece excluir las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, los 163 millones de dólares que la empresa admite haber ganado gracias a los sobornos, que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito, y el costo financiero del dinero de los contribuyentes dominicanos.
Apunta que pretender que no se devolverá lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción y para colmo seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado, lo que debe ser inadmisible para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana.
El acuerdo debió haber incluido una cláusula que estableciera que las sumas y forma de pago se acuerdan de manera preliminar y que las cifras y conceptos definitivos serán establecidos luego de culminadas las investigaciones y validados por los tribunales dominicanos, indica PC en un documento.
Lamenta que con la firma del acuerdo no se haya obtenido absolutamente ninguna información sobre los funcionarios públicos dominicanos que fueron sobornados, pues lo que está bajo confidencialidad en Brasil son las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht, pero no la información que ésta tiene en sus archivos a través de su División de Sobornos, llamada por ella División de Operaciones Estructuradas, donde también está la información de cuáles contratos y funcionarios dominicanos se encuentran involucrados en el caso de soborno transnacional más grande, y en el que el país está entre los protagonistas principales.
PC cree que el gobierno dominicano debe actuar como lo está haciendo con el caso de Los Tres Brazos, y rescindir todos los contratos que Odebrecht tiene actualmente, amparado en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite la rescisión unilateral de los contratos sin responsabilidad para el Estado dominicano en casos como éste, como lo han hecho ya otros países.
