Odebrecht creó un «departamento de sobornos»

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El Consejo de Administración de Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, puso en marcha el 9 de noviembre de 2016 un nuevo código de conducta, basado en la ética, la integridad y la transparencia. Para entonces, hacía siete meses que el expresidente de esta compañía brasileña, Marcelo Odebrecht, había sido condenado a 19 años de cárcel por un mayúsculo escándalo de corrupción en Brasil.
 
Pero sería unas semanas después, el pasado 21 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaría el alcance de lo que calificó como «el mayor caso de soborno internacional de la historia», llevado a cabo por Odebrecht y su filia petroquímica, Braskem. Al mismo tiempo, ambas empresas aceptaban pagar al menos 3.500 millones de dólares de sanción, una cifra que pulverizaba los récords anteriores para asuntos de este género.
 
Odebrecht y Braskem habían destinado cientos de millones de dólares a comprar la voluntad de funcionarios, políticos y partidos para favorecer sus intereses en numerosos países en los que tenía negocios.
 
En concreto, según un documento del Juzgado del Distrito Este de Nueva York dado a conocer por el Departametno de Justicia norteamericano, las dos empresas brasileñas pagaron entre 2001 y 2016 unos 788 millones de dólares en sobornos relacionados con un centenar de proyectos en doce países, la mayoría de Latinoamérica.
 
Además del propio Brasil, en la lista figuran Argentina, Colombia, República Dominicana, México, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá, Mozambique y Angola. Con ello se aseguraron obras que les reportaron a sus arcas 3.336 millones de dólares.
 
«Departamento de sobornos»
Para llevar a cabo los sobornos, Odebrecht y sus «co-conspiradores» crearon una compleja estructura financiera secreta, que evolucionó hasta la creación en 2006 de una división autónoma de Operaciones Estrucuradas pero que en la práctica funcionaba como un «departamento de sobornos» para la empresa y sus distintas entidades, tal como lo denomina el propio documento judicial.
 
Esta división utilizaba su propio sistema de comunicaciones, llamado «Drousys», que permitía a sus miembros contactar entre ellos, con operadores financieros externos y otros implicados en los sobornos a través de correos electrónicos y mensajes instantáneos seguros y empleando nombres clave y contraseñas.
 
Los últimos nombres relevantes que se han visto salpicados por este escándalo son los del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el ex presidente de Perú Alejandro Toledo.
 
En el caso de Santos, un exsenador detenido por recibir 4,6 millones de dólares de Odebrecht, Otto Bula, ha asegurado que, de esa cantidad, un millón fue a parar a Roberto Prieto, gerente de la campaña que llevó a la reelección del presidente en 2014. La empresa habría logrado a cambio la adjudicación de una carretera incluida en el proyecto de la llamada Ruta del Sol II. Prieto y la Presidencia colombiana niegan las acusaciones y asegura que todos los ingresos de la campaña responden a los fondos de reposición de gastos previstos en la ley.
 
No es este el único nombre de un político que se ha visto envuelto en el escándalo de la constructora brasileña. El rival de Santos en las elecciones de 2014, el «uribista» Óscar Iván Zuluaga, está también bajo la lupa después de que la revista brasileña «Veja» asegurara que su estratega de campaña recibió un ingreso de 1,6 millones de dólares de Odebrecht. Zuluaga dice desconocerlo.
 
En total, según el documento revelado por el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó en Colombia, entre 2009 y 2014, hasta once millones de dólares en sobornos, con los que se habría garantizado 50 millones de los contratos obtenidos.
 
En cuanto a Alejandro Toledo, la Fiscalía peruana pide 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente, del que se investiga si recibió 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
 
Además, la Fiscalía investiga la presunta implicación de la esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, mientras que otro antiguo mandatario, Alan García está llamado a declarar, de momento como testigo, por sobornos de Odebrecht durante su último mandato, entre 2006 y 2011.
 
En total, según las autoridades estadounidenses, Odebrecht abonó en Perú 29 millones de dólares en pagos corruptos, que le reportaron a cambio 143 millones por las adjudicaciones conseguidas.
 
En otros países, la cantidad de los sobornos fue mayor, como en Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares, la República Dominicana (más de 92 millones), Panamá (59 millones), Angola (50 millones), Argentina (35 millones) y Ecuador (33,5 millones).