Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió asumir las competencias del Congreso en un controvertido fallo que según la oposición busca darle plenos poderes al presidente Nicolás Maduro.
La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.
En el fallo -que fue difundido la noche del miércoles- el Tribunal resolvió que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga.
En enero de 2016 y tras una aplastante victoria la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años.
Desde entonces el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela, dijo el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y denunció que en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado.
El gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que constituye una ruptura del orden constitucional y democrático y en consecuencia decidió retirar de manera definitiva a su embajador.
En tanto, la Unión Europea, el secretario general de la OEA y varios países latinoamericanos condenaron ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones parlamentarias.
También involucran en la decisión al presidente Nicolás Maduro, calificando la acción como una clara ruptura del orden constitucional, en el país.
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