Disidencia FARC secuestra funcionario ONU en Colombia

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Un funcionario de Naciones Unidas fue secuestrado por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC en una zona selvática del suroeste de Colombia, informaron el jueves fuentes de la organización y de las Fuerzas Armadas, en un hecho que pone de manifiesto los retos que enfrenta el acuerdo de paz.
 
El plagio se conoce cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inicia una visita al país para supervisar el avance del acuerdo firmado en noviembre por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un conflicto que ha dejado unos 220.000 muertos.
 
El secuestro del funcionario, que promovía planes de sustitución de cultivos ilegales entre campesinos, se produjo el miércoles en la tarde en una carretera cercana al municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, en donde fue interceptada una caravana de vehículos por hombres armados que lo obligaron a descender y se lo llevaron, según las fuentes de la ONU.
 
Fuentes militares y de la policía confirmaron el secuestro del funcionario de la ONU, de nacionalidad colombiana, y acusaron a disidentes del frente primero de las FARC, una estructura dedicada al narcotráfico que se apartó el acuerdo de paz y que continúa con sus actividades ilícitas.
 
Ese mismo frente disidente cometió hace un mes un ataque contra una patrulla del Ejército en esa misma región, que dejó un soldado muerto y cuatro más heridos.
 
Casi 7.000 ex combatientes de las FARC se encuentran actualmente concentrados en 26 zonas del país en el proceso de dejación de armas que supervisa la ONU, antes de conformar un partido político como lo establece el acuerdo de paz.
 
Sin embargo, alrededor de 300 combatientes de seis frentes de esa guerrilla que operan en zonas selváticas se apartaron del acuerdo de paz y se declararon en disidencia, según fuentes del Ejército.
 
Santos ordenó a las Fuerzas Militares perseguir a las estructuras de las FARC disidentes que ven más incentivos en el narcotráfico y la minería ilegal que en dejar las armas.