La crisis fiscal trastoca la salud mental

La situación fiscal que atraviesa el País ha escalado a tal nivel  que está trastocando la salud mental de familias puertorriqueñas, incitando a estados de  temor e incertidumbre, lo que se ha traducido  en un aumento en la  ideación de suicidios y de trastornos de salud mental en la población en general.
 
Este no es un diagnóstico exclusivo de la población puertorriqueña, pues familias de países como Argentina, España, Grecia y hasta la ciudad de Detroit, que también han afrontado debacles económicas, han pasado por situaciones similares en términos de salud mental.
 
Los efectos de una deuda creciente han golpeado con más fuerza a  sectores más vulnerables, lo que podría abarcar gran parte de la población considerando que un 46% de las personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, según  la Encuesta sobre la Comunidad,  Censo del 2015.
 
Depresión y ansiedad son trastornos que han llevado a muchos a buscar ayuda de un profesional de salud mental, particularmente en el último año, de acuerdo con expertos en este tema consultados por este diario que vinculan la situación económica del País como disparadores de estos eventos.
 
“Se han multiplicado estresores sociales y económicos que inciden en la salud mental individual y colectiva. Sí, han aumentado las visitas a profesionales de la salud mental por personas cargadas de mucho estrés, tanto que ya no lo pueden manejar”, comentó el sociólogo Manuel Torres Márquez.
 
Los pininos de esta situación se remontan a mayo de 2006, cuando bajo la administración del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el gobierno cerró operaciones por varios días ante los efectos de unas deficiencias presupuestarias arrastradas de años anteriores. La Ley 7 de 2009 declaró un estado de emergencia fiscal, provocando el despido de miles de empleados públicos y bajo la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 2014 se congelaron  convenios colectivos de empleados de gobierno y corporaciones públicas. El miércoles, el gobernador Ricardo Rosselló solicitó la protección del Título III de la ley federal PROMESA, convirtiendo a Puerto Rico en la primera jurisdicción de Estados Unidos en acogerse a un mecanismo similar a la bancarrota.
 
“Como el gobierno no tiene la liquidez para enfrentar las deudas, esto genera  incertidumbre en los trabajadores, con la posibilidad de reducción de horarios y recortes de beneficios, lo que podría resultar en  menos ingresos”, dijo  el sicólogo Carlos Rivera Lluveras.
 
Un informe de la Organización Mundial de la Salud anticipó en el 2011 que la crisis económica que cobró dimensiones internacionales en el 2007 no  solo representaba una baja en la actividad económica, sino un aumento en el desempleo, depresión en el mercado de viviendas e incremento en personas que viven en pobreza.
 
El documento  también reveló que dilemas financieros y carencias sociales pueden  conducir a problemas de salud mental y trastornos. La OMS advirtió en ese momento que el suicidio es más común en áreas de privaciones socioeconómicas, fragmentaciones sociales y de desempleo.

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