El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia de Santiago, Julio César Valentín Jiminián, negó este lunes las imputaciones del Ministerio Público, quien lo acusa de que su patrimonio creció ilícitamente producto de los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.
La información fue dada durante una rueda de prensa llevada a cabo en el Colegio Dominicano de Periodistas, encabezada por el legislador, su esposa Rosira Pichardo Raful, y su abogado Jorge Luis Polanco.
El defensor de Valentín aseguró que los activos totales de este llegan RD$24,665,458.18, que menos RD$4,392,816.80 de una hipoteca, queda en RD$20,272,641.36- y es proporcional con los salarios percibidos por sus funciones legislativas y que no tienen conexión alguna con Odebrecht.
Polanco explicó que en la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público sumó al patrimonio del senador RD$29.7 millones que corresponden a su esposa Rosira Pichardo Raful, por propiedades provenientes de un proceso de partición del divorcio de ésta con su anterior esposo.
El abogado indicó que esta sumatoria es lo que permite al Ministerio Público llegar a la conclusión equivocada de un crecimiento del patrimonio de Valentín en un 224%.
«Creemos en la rendición de cuentas, en la transparencia y en la lucha contra la corrupción, pero no apoyamos las falsedades ni las tergiversaciones. Una investigación responsable necesariamente deberá tomar en cuenta los elementos objetivos que estamos aportando y seguiremos aportando, para que prevalezca la verdad y la institucionalidad», declaró Polanco.
En ese sentido,el senador Julio César Valentín informó que ha solicitado certificaciones a la Superintendencia de Seguros para demostrar que seis de los siete vehículos cuya propiedad le atribuye el Ministerio Público, indicando que no están declarados, no son suyos.
Valentín explicó que si aparecen a su nombre se debe a que fue el propietario de las exoneraciones y que sus detentadores y propietarios reales aún no los han transferido, pero éstos están a disposición de las autoridades para reconocer los derechos de propiedad sobre los referidos vehículos.
Estas certificaciones indicarán, afirmó, quiénes son las personas que poseen los seguros de esos vehículos, que son sus verdaderos propietarios.
Asimismo, Valentín aclaró que el séptimo vehículo que según el Ministerio Público no incluyó en la declaración jurada de 2016 es un Toyota que adquirió en 2017, luego de vender otro vehículo del mismo fabricante, año 2013, que fue declarado como correspondía. Por tanto, el vehículo adquirido este año no podía aparecer en una declaración jurada fechada en 2016.
El legislador explicó también que hasta ahora no sabía que aparecía como accionista de la empresa Francine Clinic And Beauty, S.R.L., que fue propiedad de la doctora Francina Sánchez, con quien le unía un vínculo personal, y que cesó en sus actividades comerciales sin activos en el año 2011.
Declaró que ha solicitado a la Cámara de Comercio el acta constitutiva de la clínica cerrada, en la que podrá verificarse si existe algún documento de aceptación del porcentaje accionarial de 10% que le atribuye el documento de la Procuraduría.
