Brasilia.- El cerco jurídico en torno al presidente brasileño, Michel Temer, se cerró este martes aún más con la detención de Henrique Eduardo Alves, un exministro de su entorno cercano, unas horas antes del reinicio de un juicio que le puede costar el cargo.
Alves, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y de la mayor confianza de Temer, fue arrestado bajo sospechas de corrupción antes de que el Tribunal Superior Electoral retome hoy un juicio sobre supuestas irregularidades en la campaña que el actual mandatario compartió en 2014 con la destituida Dilma Rousseff.
Aunque las sospechas que pesan sobre Alves no tienen relación con Temer, su detención tiene un impacto político y se suma al arresto el pasado sábado del diputado suplente Rodrigo Rocha Loures, quien sí está implicado en un caso que salpica directamente al mandatario.
Alves, exministro de Turismo de Rousseff que fue mantenido en ese cargo por Temer, renunció por otras sospechas de corrupción pero se cree que participó en irregularidades detectadas en las obras de uno de los estadios usados en el Mundial de fútbol de 2014.
Rocha Loures, por su parte, actuaba como intermediario entre el presidente y el dueño del grupo JBS, Joesley Batista, quien en el marco de un acuerdo de cooperación judicial ha confesado que soborna a Temer desde 2010.
Además, Batista entregó a las autoridades un explosivo audio en el que Temer calla o parece aceptar maniobras ilegales del empresario y que ha derivado en una investigación de la Corte Suprema contra el presidente.
En esa grabación, Batista relata una serie de maniobras ilegales que hacía en favor de su empresa ante los tribunales y algunos de los ministros del actual Gobierno, lo cual, según el Supremo, puede sugerir que Temer incurrió en los delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
La captura de dos de los miembros de su entorno más cercano ha debilitado aún más a Temer, a quien la oposición en pleno y hasta algunos sectores del oficialismo le exigen la renuncia desde hace dos semanas.
Esos nuevos golpes políticos coinciden con el juicio del Tribunal Superior Electoral sobre supuesta financiación ilegal de la campaña que en 2014 llevó a la reelección de Rousseff, a quien Temer acompañaba como vicepresidente.
Una sentencia condenatoria en el proceso que será retomado hoy, tras ser suspendido en abril pasado, anularía la victoria de la fórmula Rousseff-Temer e implicaría la destitución del mandatario.
Sin embargo, este tendría derecho a numerosas apelaciones y seguiría en el poder hasta que no haya un dictamen definitivo, que pudiera llegar después de varios meses.
Aún así, el Gobierno teme que su ya menguada base parlamentaria pierda el apoyo de importantes fuerzas, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el cual ya ha avisado que, si hubiera en la justicia electoral un fallo contra Rousseff y Temer, puede dar un paso al costado y abandonar el arco oficialista.
En este proceso, Rousseff y Temer tienen sus propias defensas y diferentes tesis sobre el proceso, aunque ambos alegan inocencia.
La exmandataria niega toda irregularidad y pide que se anule el juicio, un punto compartido por Temer, quien además exige que las cuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, pues sostiene que en la suya no hubo nada ilegal.
Según analistas jurídicos, ninguna de esas tesis será aceptada por los siete miembros del Tribunal Superior Electoral, pero también se cree que alguno de los magistrados puede pedir más tiempo para analizar el informe del instructor, Herman Benjamin, que tiene más de 1.000 páginas y pide condenar a la fórmula Rousseff-Temer.
Dada su complejidad, la corte electoral ha reservado para este caso cuatro sesiones, que si fueran consumidas en su totalidad llevarían la conclusión al próximo jueves.
Sin embargo, el proceso podría ser suspendido nuevamente si uno de los magistrados considera que necesita estudiar mejor el caso, lo cual es la gran apuesta del Gobierno para ganar tiempo e intentar recomponer su base política, al tiempo que Temer se defiende en el Supremo de las sospechas de corrupción que pesan en su contra.
