El diputado de Alianza País, Fidelio Despradel, solicitó este jueves a la Cámara de Diputados, que interpele el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Bichara, para que explique al hemiciclo el proceso de licitación y ejecución del contrato de las plantas a carbón de Punta Catalina.
El congresista de la oposición hizo la solicitud mediante una resolución que depositó por ante la Secretaría de la Cámara de Diputados.
En el documento, Despradel señala que Bichara debe responder al Congreso y al país sobre los sobornos que, según la Procuraduría General de la República, Odebrecht pagó para conseguir el contrato de Punta Catalina.
Entiende que por ser el responsable de promover y firmar el contrato por US$2 mil 10 millones 744 mil 751, el ejecutivo de la Cdeee tiene una alta responsabilidad administrativa frente a la denuncia que hace el Ministerio Público en base a las delaciones premiadas de ejecutivos de la multinacional brasilleña.
Para sustentar su propuesta el legislador argumenta, además, “que durante los años 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017, la Cdeee ha gastado sumas importantes de dinero para la ejecución de la referida obra, sin ofrecer informaciones precisas sobre las fuentes de esos gastos”.
“El proceso judicial de Odebrecht es el resultado de la movilización ciudadana frente a un sistema de impunidad dirigido desde las más altas instancias del poder político de República Dominicana. No podemos permitir que en un caso de esta magnitud se quede sin investigar la obra de mayor costo de Odebrecht en el país, mucho menos cuando el mismo Ministerio Público asegura que en la contratación el señor Ángel Rondón pagó sobornos”, declaró Despradel tras depositar el documento.
Sostuvo que el proyecto de resolución se sustenta en la atribución del Congreso Nacional de fiscalizar y controlar los recursos del Estado y la supervisión de todas las políticas públicas que implemente el Gobierno, y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.
Además, el legislador apeló al artículo 95 de la Constitución de la República, en el cual se establece la facultad de las cámaras legislativas de interpelar a los ministros, viceministros y/o funcionarios que administren fondos públicos.
