La Cámara de Diputados dominicana envió este martes a su Comisión de Justicia el proyecto de ley que reforma el Código Penal del país para una revisión del punto relacionado con el aborto, luego de que el Senado recientemente aprobara su penalización sin excepciones.
La medida fue adoptada para que los legisladores “se empoderen del tema y estén bien edificados para las discusiones del pleno”, dijo durante la sesión de hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, quien señaló que ese órgano “tiene dos caminos: rechazar lo que hizo el Senado o acogerlo”.
Poco antes de que iniciara hoy la sesión en la Cámara baja, organizaciones que defienden los derechos de la mujer pidieron a los diputados permitir el aborto cuando la vida de la embarazada corre peligro, por violación sexual o incesto o por malformación incompatible con la vida.
La penalización del aborto, sin excepciones, fue aprobada recientemente por los senadores, a pesar de que el jefe del Estado, Danilo Medina, ha pedido en dos ocasiones que se permita en estas tres circunstancias.
A través de un comunicado, el Foro Feminista y otras organizaciones instaron hoy a los diputados “asumir la responsabilidad de respetar los derechos a la vida, la salud, la integridad, y la dignidad de las mujeres, sin ningún tipo de discriminación, como lo establece la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado”.
De aprobarse el aborto, sin excepciones, “se continuaría impunemente apoyando los feminicidios institucionalizados desde el Estado manteniendo los altos índices de mortalidad materna en los que se encuentra el país, en vergonzosa posición en comparación con los de la región latinoamericana”, señalaron.
El presidente dominicano vetó a finales de 2016 el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, una medida que había adoptado también en 2014 cuando se aprobó dicho código, cuyo debate lleva años en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rechazó el pasado 31 de mayo las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal con el objetivo de despenalizar el aborto.
De esta manera, quien fuera condenado por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado.
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.
La Alianza Cristiana Dominicana instó a las altas instancias eclesiales para que cesen las presiones que hacen a la clase política, con el objetivo de mantener posturas de poder dentro del Estado dominicano, pues eso no responde a los valores cristianos que se infunden en todas las iglesias.
Asimismo, reiteraron que les preocupa esta recusable acción de negociar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en medio de una crisis de corrupción descubierta, como es el caso de las contrataciones realizadas fraudulentamente con la compañía internacional Odebrecht.
