A solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Lisette Abreu Rosario (a) Nicol a cumplir una pena de 20 años de prisión por cometer el delito de trata de personas para fines de explotación sexual en perjuicio de cuatros mujeres y dos menores de edad.
El tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, el cual estuvo representado por la procuradora fiscal Paola Vásquez y la licenciada Madeline Nicole Núñez, representante legal de las víctimas, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De conformidad con los hechos, la imputada Lisset Abreu Rosario (a) Nicol, captó en el sector de Capotillo, mediante engaño, a las víctimas indicándoles que trabajarían en otro tipo de negocio, trasladándolas vía terrestre hasta Jimaní.
“Posteriormente utilizó sus influencias con autoridades dominicanas y haitianas logrando cruzar de manera ilegal la frontera con las víctimas, llevándolas como destino final al burdel Ma´ Klas Bar Resto Club, en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití”, explicó la fiscal en audiencia.
Se detalló que en el lugar antes referido las víctimas fueron acogidas y aprovechando el estado de vulnerabilidad en que se encontraban fueron obligadas a consumir drogas para hacerlas bailar semidesnudas, siendo maltratadas físicamente, explotadas sexualmente, teniendo que sostener relaciones sexuales con hombres en contra de su voluntad.
“Estos hombres pagaban sumas de dinero entre 70 y 100 dólares para amanecer con ellas o entre 40 y 30 dólares si era de paso. Además, el dueño del burdel señalado les indicó que estas debían pagarle a él la suma de 150 dólares por concepto de los gastos del viaje, ya que había pagado a la imputada para que las llevara a dicho lugar”, explicó la procuradora fiscal Alba Corona en la acusación.
Mediante un operativo las víctimas fueron rescatadas con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (HSI), la colaboración de las autoridades haitianas y la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe.
La investigación fue dirigida por la procuradora fiscal Alba Corona Valerio, directora del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas del Distrito Nacional, y el procurador general de corte José Agustín De la Cruz, adscrito a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
“Es la mayor condena que se ha obtenido en el Distrito Nacional por el delito trata de personas, y en el entendido de que es un crimen trasnacional, perseguiremos a aquellas personas que cometen este delito aún fuera de nuestro territorio”, indicó Jonathan Baró Gutiérrez, director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Exhortó a la población a denunciar estos casos a la línea gratuita y confidencial (809)200-7393)
