El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admitió un recurso que busca la realización de un juicio contra la fiscal general Luisa Ortega, quien consideró la jugada como un atentado al estado de derecho y una persecución a quienes como ella disienten frente a acciones del Gobierno.
El diputado oficialista Pedro Carreño pidió al máximo tribunal del país petrolero evaluar si existen méritos para enjuiciar a Ortega, quien ha intentado frenar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro.
La titular del Ministerio Público, quien marcó distancia con el Gobierno desde que empezaron las protestas opositoras en abril, se ha opuesto a recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, afirmando que el plan de Maduro de instalar una Constituyente es una amenaza a la democracia y al legado del fallecido Hugo Chávez.
El máximo tribunal informó en un comunicado que admitió la solicitud introducida por Carreño por «la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo» y se declaró en sesión permanente para discutir otras medidas contra la fiscal.
«La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el diputado Pedro Carreño», dijo el TSJ en un comunicado. De proceder, Ortega podría ser separada de su cargo.
«ESTADO DE TERROR»
La fiscal consideró que la decisión de los jueces «es contraria al orden constitucional, al estado de derecho».
En una entrevista radial tras conocerse la decisión del TSJ, indicó que no ha tenido acceso al expediente para preparar su defensa y atribuyó la actuación como un mecanismo para perseguir a la disidencia política.
«Aquí está desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo. Estamos en un estado de terror», aseveró Ortega. «Se dictan sentencias que yo creo son inacatables y creo que el Estado puede ser disuelto», agregó.
Más temprano, la alianza de partidos de oposición respaldó a la fiscal frente a lo que calificó como un asedio contra ella ordenado por el presidente Maduro.
Por su parte, el vicepresidente Tareck El Aissami celebró la decisión. «¡Justicia!», escribió en su cuenta de Twitter.
El máximo organismo judicial acordó notificar a Ortega, a Carreño y a otras autoridades para que comparezcan ante su Sala Plena y agregó que estudia otras medidas pedidas por el diputado oficialista, como una cautelar para congelar sus bienes y la prohibición de salir del país.
«No reconocemos farsa de antejuicio de mérito del TSJ contra la fiscal Luisa Ortega, consumándose flagrante ilegalidad», escribió Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su cuenta de Twitter.
La fiscal general, una abogada de 59 años, ha denunciado que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al Gobierno si algo les sucede.
